Tras la desclasificación de documentos del golpe de Estado de 1981 sigo esperando alguna comunicación del Gobierno sobre el trámite del proyecto de ley de secretos oficiales en el Parlamento. Hasta ahora, nada de nada. Y comenzó el anteproyecto en 2022.

Como consecuencia muestra aspectos de burla la desclasificación de algunos muy insuficientes documentos del golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, porque tiene todos los visos de una estrategia del Gobierno de consuno con la Corona para blanquear al rey emérito y a continuación permitir su residencia en España. El blanqueo continúa con el paseo del emérito aplaudido en la Maestranza de Sevilla, la concesión de un premio literario y suma y sigue. En esencia los documentos dicen que Juan Carlos I intentó que el golpe de Estado no prosperase. Rápidamente el bipartidismo salió a escena. El PP apoyando la vuelta del emérito a España y el PSOE, por boca del ministro de la Presidencia, afirmando que no hay ningún obstáculo legal para que resida en España.

Una desclasificación al gusto e interés del emérito, porque está claro que la ley de secretos oficiales duerme el sueño de los justos en el desván del Parlamento desde 2022 (anteproyecto de ley de Información Clasificada), sin que el Gobierno, al parecer, esté interesado en aprobarla. Con ello el Gobierno está propiciando lo que podemos denominar una amnistía por omisión, que explico a continuación. Pero antes describo el escenario socio-político que contribuye a esta amnistía.

Una ley de secretos oficiales tiende una cortina sobre determinados hechos, que el Ejecutivo de turno considera que no deben ser conocidos por la sociedad. El proyecto de ley sobre Información Clasificada, vulgarmente conocido como proyecto de ley de secretos oficiales, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2025, ha llegado muy tarde. La ley anterior era preconstitucional, de 1968, la ley orgánica 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. Una ley que ni siquiera había previsto plazo de caducidad del secreto, con lo que la materia clasificada quedaba a merced de los intereses del Gobierno, que podía permitirse mantener el secreto sine die. Peor, imposible.

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