La última semana, el presidente del Gobierno 'socialista' español, Pedro Sánchez, anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, que impondrá medidas para aumentar el control sobre las plataformas digitales y que sus directivos deberán asumir responsabilidades por los delitos de manipulación de algoritmos y la difusión de contenido opuesto a lo estipulado por el Código Penal.

Su Gobierno, agregó, implementará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita detectar las "huellas de odio y polarización" que se transmiten a través de las redes.

Las agencias oficiales españolas difundieron que “en 2025 se detectaron casi 900 000 cadenas de mensajes de odio".

En la misma semana que Sánchez se refirió a la necesidad de afirmar la soberanía digital frente a los grandes señores tecnofeudales, la Fiscalía General de París habilitó a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía francesa y a la Agencia de Seguridad Europea (Europol) para llevar a cabo un allanamiento de las oficinas de la red social X, en el marco de una investigación iniciada en 2025 referida a las maniobras de la empresa de Elon Musk para tergiversar algoritmos, favorecer contenidos, promover contenidos negacionistas, sembrar versiones conspiracionistas, habilitar discursos de odio y permitir la representación sexualizada de menores de edad.

En el marco de dicha pesquisa, la fiscalía ha convocado a Elon Musk y a la CEO de su empresa X, Linda Yaccarino, a testificar el próximo 20 de abril en relación con las siguientes imputaciones: (a) administración de una plataforma ilícita; (b) falsificación del sistema automatizado de procesamiento de datos, y (c) complicidad en la difusión de imágenes de menores con carácter pornográfico.

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