La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó al Gobierno de España la declaración del nivel 3 de emergencia durante el incendio forestal que ha golpeado la región. Es una decisión prevista en nuestro ordenamiento jurídico, y absolutamente legítima, cuando la magnitud de un incendio supera la capacidad ordinaria de respuesta de una comunidad autónoma o afecta a varias.

Conviene decirlo con claridad: solicitar el nivel 3 nunca puede presentarse como un éxito político por parte de una Comunidad Autónoma. Es, por definición, el reconocimiento de que el operativo autonómico ha alcanzado el límite de su capacidad, o de la falta de capacidad de los gestores de la comunidad que lo solicita. Gestionar grandes incendios forestales exige profesionales altamente especializados, con experiencia en incendios extremos y, especialmente, en territorios con miles de viviendas dispersas que multiplican la complejidad de las operaciones. La formación y la experiencia marcan la diferencia. Y eso merece una reflexión.

Vivimos tiempos en los que algunos gobiernos autonómicos han convertido la gestión de las emergencias en un permanente ejercicio de propaganda. Se presume de tener los mejores servicios públicos, los mejores dispositivos y la mejor organización. Sin embargo, cuando llega una gran emergencia, se reclama que sea el Estado quien asuma la dirección de las operaciones. Resulta llamativo que, quienes durante años han defendido un discurso basado en la autosuficiencia de las comunidades autónomas y en la crítica permanente al Gobierno de España, recurran finalmente al Estado cuando la emergencia supera su capacidad de respuesta.

No existe ninguna contradicción en solicitar ayuda cuando resulta necesaria. Al contrario. Para eso existen el Sistema Nacional de Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y el conjunto de medios estatales. La coordinación entre administraciones constituye una de las grandes fortalezas del sistema español de protección civil. También merece reconocimiento la labor desarrollada por la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones y su equipo, en la coordinación de este tipo de emergencias.

La contradicción aparece cuando quien durante años ha construido un relato de excelencia en la gestión termina admitiendo, mediante la solicitud del nivel 3, que necesita que otro asuma el mando. Y más aún cuando esa petición llega después de años de políticas de reducción del gasto público en ámbitos esenciales y llegada de más fondos de financiación del Estado, mientras se priorizan otras partidas presupuestarias.

Porque la prevención y la extinción de incendios forestales son competencia de las comunidades autónomas. Son ellas quienes........

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