¿En qué momento una comisión de derechos humanos comienza a parecer más preocupada por la reputación de las instituciones, en especial por el ejército, que por la confianza de las víctimas?

La pregunta surge inevitablemente después de leer la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. No porque el documento deba ser inmune a la crítica o porque las conclusiones del GIEI sean un dogma. Las recomendaciones de la CNDH son discutibles por definición. Lo que sorprende es el lugar desde donde parece construirse el razonamiento institucional. La Constitución imaginó un ombudsman dispuesto a mirar al poder con desconfianza. Hoy muchos colectivos encuentran una institución que observa con mayor severidad a quienes cuestionan al Estado que al propio Estado.

¿Por qué dejó de ser prioritario preguntarse qué información permaneció oculta y comenzó a ser prioritario desacreditar a quienes la buscaron?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llegó a México porque el propio Estado aceptó que había perdido credibilidad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. Sus informes modificaron el rumbo del caso. Derrumbaron la llamada "verdad histórica", documentaron irregularidades procesales, señalaron actos de........

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