La presencia del Estado, de la Policía y de las Fuerzas Militares es necesaria y bienvenida. Una sociedad democrática necesita instituciones fuertes, capaces de ejercer autoridad, proteger a los ciudadanos y evitar que organizaciones ilegales pretendan imponer sus reglas mediante las armas y el miedo. Frente a las amenazas contra comerciantes, la quema de vehículos y los actos de intimidación, el Estado tiene el deber constitucional de actuar y recuperar el control territorial. Pero una cosa es reconocer esa necesidad y otra muy distinta creer que repartir bala, caiga quien caiga, constituye por sí mismo una política de seguridad.

Nuestra propia historia debería habernos enseñado que combatir a los grupos al margen de la ley exclusivamente a punta de fusil resulta insuficiente. Pueden caer cabecillas, desaparecer estructuras y producirse importantes resultados........

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