Se da por hecho que el Tribunal Constitucional, en su reunión del 6 de octubre, pondrá fin a los nueve años del "fugado" Carles Puigdemont. El "exiliado", en lenguaje de su menguante clientela política. El anuncio se basa en la pregonada voluntad mayoritaria de los magistrados (7 a 5, incluido el presidente) favorable a que se aplique la amnistía a quienes se la negó el Tribunal Supremo por haber cometido un delito no amnistiable, según lo dispuesto en la propia Ley de Amnistía (BOE 10 junio 2024).

En el punto sexto de un larguísimo preámbulo se dice que son amnistiables todos los actos de malversación dirigidos a los fines políticos del intento secesionista del 1 de octubre de 2017. Con una excepción: "aquellos que implican un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial". Unas líneas más abajo, ya en el título I, se declaran amnistiados los actos de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y........

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