El pasado primero de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria de una nueva constituyente, la cual llegaría al ente legislativo el próximo 20 de julio a discutirse en el nuevo congreso. De la misma manera, la discusión se escala, ya que, en caso de que pase esta decisión, en palabras de los propios candidatos a la Presidencia: “Quedarían amarrados a esta última jugada de Petro”. No obstante, es importante preguntarnos: ¿cuáles son las implicaciones jurídicas de este hecho? ¿Se trata de un hundimiento del sistema institucional colombiano mediante una sustitución de la Constitución? ¿O puede la Corte Constitucional hundir este polémico proyecto?

En un discurso bastante agresivo en el Parque de las Luces, en la ciudad de Medellín, el presidente acusó al Senado de corrupto al hundir su consulta popular y de afirmar el triunfo de su gobierno sobre la política social colombiana. Por tal motivo, considero que la única manera de superar a la maquinaria política era la de recoger las firmas para convocar una nueva constituyente, y el día de su último discurso, pueda dejarle este regalito final al próximo presidente, que supuestamente consistirá en agregar dos capítulos más a la Constitución, modificando el régimen político y la función de los actos legislativos.

Ahora bien, es importante aclarar que la Constitución de 1991 resulta ser una de las cartas magnas más avanzadas de Latinoamérica y apreciada por diferentes juristas del mundo. Asimismo, es imperativo........

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