El debate sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se está llevando al terreno político, cuando debería partir de una discusión elemental: cuánto necesita para cumplir sus funciones y cómo demuestra que los recursos solicitados son indispensables.

La JEP advierte que los recortes para 2027 comprometerían su funcionamiento. Su presidente, Alejandro Ramelli —con declaraciones desafortunadas al justificar sus resultados— sostiene que reducir fondos perjudicaría las audiencias, los desplazamientos y la protección de víctimas, testigos y comparecientes. Su postura merece examen, pero la autonomía de la jurisdicción no convierte su solicitud en una obligación para el Estado.

La Ley Estatutaria 1957 de 2019 le reconoce autonomía administrativa, presupuestal y técnica. Sin embargo, esto no implica ausencia de control. Su presupuesto integra el Presupuesto General de la Nación, se rige por reglas del gasto público y debe discutirse según disponibilidades y prioridades fiscales. Reducir el asunto a una confrontación entre Gobierno y justicia transicional empobrece el debate.

La Ley del Sitio: una........

© El Universal