El terremoto del pasado 10 de agosto marcó un antes y un después en la historia reciente de Colombia. Casi la mitad del país se vio enfrentada a una de las tragedias más graves que recordemos, dejando pérdidas humanas, viviendas destruidas, empleos truncados y comunidades enteras obligadas a detener su cotidianidad para enfrentar la emergencia. Pero, en medio del dolor, también apareció una de las mejores expresiones de nuestra sociedad: miles de colombianos movilizados para llevar alimentos, agua, medicamentos, recursos y compañía a quienes lo perdieron todo.

El Gobierno nacional, apenas tres días después de su posesión, recibió el enorme desafío de responder a una emergencia de dimensiones extraordinarias. Mientras el presidente Abelardo De La Espriella terminaba de conformar su gabinete y poner en marcha la nueva administración, las instituciones del Estado debían comenzar a responder ante las víctimas y ante un país que esperaba soluciones. En una democracia, esa responsabilidad no puede estar sometida a los cálculos de quienes desean que al Gobierno le vaya mal.

Porque una tragedia no puede convertirse en un nuevo escenario de confrontación política. La oposición tiene todo el derecho a cuestionar, fiscalizar y señalar aquello que considere equivocado; es parte esencial de la democracia. Pero existe una frontera que no deberíamos cruzar: utilizar el dolor de las víctimas o intentar desacreditar cualquier acción institucional simplemente porque puede representar un acierto para el Gobierno de turno. Cuando la emergencia exige sumar esfuerzos, el interés político particular debería ceder ante el interés superior de quienes necesitan ayuda.

Uno de los episodios que mejor refleja esta discusión fue la entrega de balones a niños damnificados en Buenaventura por parte del presidente. La acción generó una fuerte........

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