El anuncio del Consejo Supremo de Defensa (Cosdep) de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcoterrorismo se presenta como una estrategia moderna frente al crimen organizado.

Sin embargo, se trata de un fracaso anunciado que pasa por alto la peor amenaza de todas: el peligro latente, cotidiano y directo para los derechos civiles de los ciudadanos.

Es fascinante ver cómo los gobiernos descubren la pólvora de la seguridad nacional justo a tiempo para incendiar las garantías constitucionales. ¿A quién pretenden distraer?

Entregar facultades de seguridad interior a los militares en un país donde el aparato judicial está controlado por el poder político es abrir de par en par la puerta a los abusos sin contrapesos.

Las Fuerzas Armadas, entrenadas para conflictos externos y no para la convivencia pacífica o la mediación ciudadana, quedan atrapadas en un dilema fatal: terminan cooptadas por el poder económico del narcotráfico o al servicio de la arbitrariedad política.

En ambos escenarios, la organización militar queda embarrada y el ciudadano común desprotegido frente a la........

© Los Tiempos