El Tribunal Supremo eligió el 12 de octubre para confirmar la suspensión cautelar del derecho a voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a 163.000 residentes en el extranjero nacionalizados por la "ley de nietos", de los cuales unos 70.000 habían acreditado el exilio del abuelo por la Guerra Civil o la dictadura de Franco y los otros 90.000 resulta imposible tramitarlo en plazo, según la Abogacía del Estado.

El poder judicial no disimula sus preferencias políticas desde los indultos y la amnistía a los condenados por el "procés" y el Gobierno central ya no se muerde el reproche público, pero calificar el fallo de "situación........

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