El doblete sísmico que estremeció al país supone un desafío mayúsculo para Venezuela y sus limitadas instituciones. No solo se trata del impacto inmediato en términos de víctimas fatales y daños materiales, sino también que la inmensa cantidad de familias damnificadas exigen un esfuerzo público y privado para proporcionar refugio, vivienda, continuidad educativa, reinserción laboral y protección sanitaria; múltiples áreas en las que ya, antes de la tragedia, estábamos en franco deterioro.

El gobierno de facto parece inclinarse por anunciar y aprobar medidas muy puntuales, inconexas y con nula deliberación pública, una agenda muy propia de su naturaleza autocrática. Es urgente y necesario que las decisiones públicas en este contexto de crisis pasen por el tamiz de una sociedad civil organizada,........

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