La actualización catastral va más allá del ajuste de información predial. Constituyen el mecanismo a través del cual el Estado y la ciudadanía comprenden y gestionan el territorio, aportando solidez jurídica al ordenamiento territorial y a la planeación económica y social. Se trata, además, de un mandato legal dispuesto en el artículo 58 de la Ley 9 de 1989 y el PND 2022-2026 que establecen esta obligación en respuesta a problemas estructurales de gestión de la propiedad inmueble y los procesos de restitución de tierras.

No obstante, las ciudades colombianas crecen y se expanden de forma acelerada mientras que el Estado no va a la misma velocidad para dar respuesta a las necesidades urbanas y surge la informalidad como una alternativa a la falta de provisión de vivienda y servicios, lo cual crea vacíos de información que afecta negativamente la planeación y los impuestos. El crecimiento urbano informal,........

© La Opinión