El 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, volvemos a salir a las calles para recordar que el racismo no es un hecho del pasado. Esta fecha fue proclamada en memoria de lo ocurrido en 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, donde 69 personas fueron asesinadas por la policía cuando se manifestaban contra el régimen del apartheid. Aquel crimen evidenció las consecuencias más extremas del racismo institucionalizado. Décadas después, sabemos que las mismas lógicas siguen operando en nuestras sociedades.

Hoy el racismo continúa vivo, institucionalizado y adoptando formas estructurales que atraviesan nuestra vida cotidiana. Cada día lo enfrentamos desde distintos espacios, de forma individual y colectiva, defendiendo la igualdad de derechos. Y cada día encontramos nuevos motivos para seguir luchando contra un sistema racista, heteropatriarcal, colonial y capitalista que reproduce desigualdades y vulnera derechos.

En Navarra, la discriminación racial no es una excepción: es una realidad documentada. Cada año se registran numerosas intervenciones y denuncias por racismo y xenofobia en ámbitos fundamentales de la vida. La vivienda sigue siendo uno de los derechos más vulnerados.

Muchas personas migrantes y racializadas encuentran enormes obstáculos para acceder a un alquiler, se enfrentan a precios más altos o a viviendas en peores condiciones, e incluso acaban en situaciones de exclusión residencial. Además, quienes se encuentran en situación administrativa irregular tienen bloqueado el acceso a ayudas al alquiler y a la vivienda pública.

El acceso al empadronamiento constituye otro ejemplo de racismo institucional. Lo que debería ser un derecho garantizado se ha convertido en la práctica en una especie de ensayo previo a las trabas y laberintos burocráticos. Además, resulta perverso que la misma administración que lo boicotea, sigue normalizándolo como llave para acceder a derechos como la sanidad, la educación, la protección social o los procesos de regularización. En el ámbito laboral, el racismo estructural sigue organizando el mercado de trabajo según el origen, la racialización y la situación administrativa de las personas. Esto condena a muchas a la precariedad permanente. Esta realidad se expresa con especial crudeza en sectores como el trabajo del hogar y de los cuidados, un sector externalizado, profundamente feminizado y sostenido mayoritariamente por mujeres migradas. La propia legislación contribuye a consolidar esta desigualdad. La Ley de Extranjería y las políticas migratorias generan categorías de ciudadanía diferenciadas y convierten la “irregularidad administrativa” en una herramienta de exclusión, generando una clase trabajadora desregularizada y explotable. Esta lógica utilitarista y criminalizadora, valora y otorga derechos a las personas en función de su supuesta utilidad económica y no de su condición humana.

A estas dinámicas se suma la expansión de discursos de odio y narrativas profundamente racistas que cada vez encuentran más espacio en el debate público. Estos discursos utilizan a las personas migrantes, racializadas y gitanas como chivos expiatorios de problemas estructurales. Se construyen narrativas de colapso de recursos o de “efecto llamada” para justificar recortes de derechos y políticas de exclusión.

En los últimos años se ha normalizado, además, el relato de la inseguridad, que presenta a las personas migradas, racializadas y gitanas como una amenaza. Este discurso, amplificado por determinados medios de comunicación, redes sociales e incluso por algunos sectores políticos, transforma preocupaciones sociales en herramientas de criminalización dirigidas contra comunidades concretas. Con demasiada frecuencia se intenta explicar los conflictos sociales mediante argumentos culturales o religiosos, en lugar de analizar las........

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