Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Hay desigualdades que una democracia puede tolerar durante un tiempo. Otras acaban convirtiéndose en un problema de credibilidad institucional. La que afecta a las retribuciones de quienes integran la Policía Nacional y la Guardia Civil pertenece a esta segunda categoría.

No porque en España existan policías mejores que otras. Todo lo contrario. El país dispone de un sistema de seguridad admirado dentro y fuera de nuestras fronteras, sostenido por cuerpos que cooperan diariamente con un elevado nivel de profesionalidad. El problema nunca ha sido la calidad de los policías. El problema ha sido la distinta valoración económica que las administraciones hacen de un trabajo que, en muchos casos, es sustancialmente el mismo.

Durante años se habló de la equiparación salarial como si fuera una reivindicación corporativa. En realidad, era una cuestión de coherencia institucional. Resultaba difícil explicar que dos funcionarios con responsabilidades semejantes, sometidos a riesgos similares y encargados de proteger los mismos derechos de los ciudadanos percibieran retribuciones muy diferentes únicamente porque uno dependía de la Administración General del Estado y otro de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento.

Aquella anomalía parecía tener fecha de caducidad cuando el 12 de marzo de 2018 el Ministerio del Interior suscribió el acuerdo sobre equiparación salarial. El documento tenía un objetivo inequívoco: alcanzar la equiparación retributiva entre la Policía Nacional y la Guardia Civil y las policías autonómicas que desarrollan funciones equivalentes. Para ello se comprometió una financiación de 807 millones de euros, distribuida entre 2018 y 2020, y se estableció que una consultoría independiente verificaría si la cantidad era suficiente para garantizar una equiparación «total y absoluta» y, en caso contrario, determinaría las correcciones necesarias.

Aquel compromiso representó un reconocimiento implícito de enorme importancia. El propio Estado admitía que existía una diferencia........

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