En un giro de guion impensable hace cuatro días, parece que el Tribunal Supremo (TS) hará caso de la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) cuando este se pronuncie —no de la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como se ha encargado de precisar el juez instructor de la causa por la celebración del referéndum del Primer d'Octubre, Pablo Llarena— y aplicará finalmente, siempre que el pronunciamiento sea claro e incontestable, la amnistía a Carles Puigdemont y al resto de políticos catalanes encausados en 2017. Si esto efectivamente es así, significará que el 130.º president de la Generalitat y el resto de exiliados, los exconsellers Lluís Puig y Antoni Comín, podrán regresar a Catalunya sin ningún miedo de ser detenidos nueve años después de haberse marchado para evitar el castigo en forma de encarcelamiento que sí sufrieron el resto de dirigentes de JxCat —entonces PDeCAT— y ERC que se quedaron. El exilio ha sido, aun así, una pena tanto o más dura que ver pasar la vida entre barrotes y ahora por fin todos juntos podrán pasar página de la pesadilla.

Pero, ¿a qué se debe este cambio de posición tan repentino de un TS que hasta hace cuatro días había hecho casus belli de la persecución al exalcalde de Girona? No se conoce el caso de ningún magistrado en España que haya desobedecido al TC y, por lo tanto, todo haría pensar que esta vez tampoco pasará, pero como en la causa del referéndum del Primer d'Octubre han sucedido tantas cosas anómalas, hasta el punto de que la mayoría de los jueces que han intervenido en ella se han dedicado a prevaricar directamente con absoluta impunidad, no puede darse nada por hecho hasta que realmente no se produzca. Esta vez, no obstante, y a pesar de todas las prevenciones, da la impresión de que será la definitiva y de que Carles Puigdemont sí que podrá volver a casa con total libertad. La clave está en la decisión que debe tomar la próxima semana el TC de considerar plenamente constitucional y ajustada a la ley la amnistía por el supuesto........

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