Por mi afición a la historia de Colombia, desde hace mucho tiempo lo primero que leo en EL TIEMPO es la sección que recuerda lo que sucedió hace cien, cincuenta y veinticinco años, y casi siempre encuentro en ella elementos para entender lo que pasa en la actualidad.

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Muchos hechos han ocurrido en nuestra historia en el mes de abril. Recordemos algunos: el 17 abril de 1854 fue el golpe de Estado del general José María Melo contra Obando; el 9 de abril de 1948, el asesinato de Gaitán, que profundizó la violencia y partió en dos la historia del siglo XX; el 19 de abril de 1970 se produjo la elección de Misael Pastrana, discutida por algunos sectores, lo que dio lugar al surgimiento del M-19 bajo el lema ‘Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder’ y que hoy, por la vía democrática, tiene las palancas del poder en cabeza de Gustavo Petro y sus antiguos compañeros de armas que, entre otras cosas, manejan prácticamente todos los organismos de inteligencia; y, un 17 de abril, hace 12 años, falleció nuestro premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez.

Por estos días esa interesante sección da cuenta de dos episodios trágicos ocurridos también en abril. En la edición del lunes 6 de este mes aparece la siguiente noticia: “El Gobierno Nacional rechazó las exigencias planteadas por el movimiento extremista M-19, para devolver con vida al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), José Raquel Mercado. El clandestino movimiento subversivo rompió su silencio de los últimos días y anunció la terminación del juicio popular contra el presidente de la CTC, cuyo veredicto lo condenó a muerte...”.

Y en la del pasado 20 se registra el cumplimiento de la “condena popular” con el asesinato a sangre fría y en condiciones de indefensión del líder sindical, cuyo cuerpo, aún tibio y con una bandera del M-19, fue abandonado el 19 de abril de 1976 en la glorieta del parque El Salitre, en Bogotá.

Ahora, con el mismo argumento de conseguir la paz, se está negociando con toda clase de bandidos.

El tratamiento de este crimen demuestra cómo el Estado pasa de una política dura contra el terrorismo a la concesión de indultos, amnistías y otros beneficios en aras de “conseguir la paz”. Como se ve en la nota, el gobierno de López Michelsen tomó la decisión de no negociar con el grupo terrorista, que hacía exigencias para no ejecutar al rehén. Años después, Belisario Betancur, al posesionarse como presidente, abrió las puertas para la negociación con los grupos armados anunciando que no se derramaría ni una gota más de sangre colombiana.

En términos generales, los partidos y el país acogieron la propuesta presidencial, el Congreso aprobó una amplia ley de amnistía, hubo un cese del fuego bilateral en 1984 y de esos acuerdos surgió un partido político, la UP, criminal y torpemente asesinada por sectores del Estado. Como consecuencia de esa ley, el M-19 fue amnistiado por sus crímenes, incluidos el atroz asesinato de José Raquel Mercado y la toma violenta de la embajada dominicana en 1980, manejada con la negociación que hábilmente adelantó Turbay. Rota la tregua, por alegados incumplimientos de los acuerdos, el mismo grupo se tomó el Palacio de Justicia con métodos claramente terroristas, con las consecuencias conocidas. El presidente Betancur no facilitó el diálogo que hubiera impedido la tragedia en 1985, con el argumento de que no se podía negociar con terroristas.

En 1988 el M-19 secuestró a Álvaro Gómez y afortunadamente, ahí sí, el Estado negoció para salvar la vida del secuestrado. Otra vez, en 1990, Barco adelantó un exitoso proceso de paz con el M-19 y fue amnistiado, entre otros, por la toma del Palacio. A falta de una, hubo dos leyes de amnistía.

La llamada “guerra” contra Pablo Escobar terminó con un proceso de sometimiento en el que el Estado le hizo toda clase de concesiones para que no siguiera poniendo bombas y asesinando candidatos con el fin de que no lo extraditaran. La Constituyente del 91 prohibió la extradición.

Ahora, con el mismo argumento de conseguir la paz, se está negociando con toda clase de bandidos, como quedó demostrado con el ‘tarimazo’ y la parranda de Itagüí. Esta historia de pasar de la mano dura a las amnistías la hemos repetido muchas veces. ¿No será ya el momento de replantear la estrategia para conseguir la paz?

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