Cuando el drama de una persona conmueve a casi toda una sociedad y moviliza en la calle a miles de personas, suele indicar que hay un problema de fondo que requiere una solución más allá de lo que hasta ahora se haya hecho. El desahucio de Maricarmen en Madrid parece que al fin nos ha puesto frente a una realidad dolorosa que ha ido creciendo paulatinamente desde hace años: no hay viviendas disponibles a precio razonable para quien las necesita. El Banco de España cifra el déficit en 750.000.

La vivienda, aunque es una necesidad básica, no es un derecho fundamental, como no lo es la salud, pero estos derechos son tan importantes que la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizarlos. Para la salud se crea y se mantiene un Sistema Nacional de Salud que supuso en 2024 un gasto anual de más de cien mil millones de euros, el 6,4% del PIB, que pagamos entre todos con nuestros impuestos y cotizaciones. En vivienda, las administraciones públicas solo gastaron en 2024 menos de ocho mil millones, el 0,48% del PIB. Los datos son tan claramente desiguales para la satisfacción de dos derechos básicos que le resulta a uno difícil de entender cómo hemos podido llegar a esto.

Los datos son claros: somos 50 millones de españoles y hay un parque de 27 millones de viviendas. ¿Dónde está el problema para solucionarlo si cabemos a más de media vivienda por español? Lo primero sería ser conscientes de que España es un país de propietarios de viviendas, pues aproximadamente el 71,4% de ellas, 19,3 millones, son habitadas por sus propietarios; el 10,7%, 2,9 millones, son segundas residencias; el 14%, 3,8 millones, están vacías; y, del millón de viviendas restante, solo 380.000 son oficialmente pisos turísticos.

A simple vista, pareciera que actuando desde........

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