La imagen de una mujer de 87 años resistiendo un cuarto intento de desalojo, rodeada de activistas, vecinos y organizaciones por el derecho a la vivienda, ha terminado por convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de la crisis residencial española. 

Sin embargo, detrás de la dimensión humana y mediática del caso de Maricarmen se encuentra una larga disputa jurídica, un complejo entramado de cambios de propiedad y una empresa inmobiliaria que mantiene intacta su voluntad de recuperar la posesión del inmueble.

La evolución relatada por el Sindicato de Inquilinas han permitido reconstruir la evolución de un conflicto que comenzó hace años y que hoy trasciende la situación particular de una pensionista para proyectarse sobre uno de los grandes debates urbanos de nuestro tiempo: el futuro de los contratos de renta antigua y el equilibrio entre los derechos de propiedad y la protección de los inquilinos vulnerables.

La llegada de nuevos inversores

El punto de inflexión se produjo en 2018, cuando la finca fue adquirida por Renta Corporación, una de las compañías más relevantes del sector inmobiliario español. Poco después, la empresa ofreció a Maricarmen la posibilidad de adquirir la vivienda por 247.000 euros.

La propuesta resultó inviable para la pensionista, tanto por la cuantía exigida como por las dificultades objetivas para acceder a financiación bancaria a una edad avanzada.

Posteriormente, la propiedad acabaría en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, firma que también opera comercialmente bajo la denominación Urbagesa. De acuerdo con las informaciones difundidas por el Sindicato de Inquilinas y recogidas por El HuffPost, detrás de la sociedad se encuentran los empresarios Ricardo y Fernando Alonso.

La compañía rechaza definirse........

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