El 24 de septiembre, la Cancillería anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán. Las razones expuestas fueron de seguridad nacional y hemisférica: los presuntos vínculos del régimen con grupos terroristas internacionales y redes narcoterroristas que amenazan al país, sus constantes violaciones de derechos humanos, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción a las verificaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) sobre su programa nuclear. En la misma decisión, el Gobierno declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista.

La decisión está justificada. El 8 de enero de 2026, el régimen iraní cortó el acceso a internet para ocultar la magnitud de la represión contra su propia población. Amnistía Internacional documentó, con videos verificados y testimonios, el uso ilegal de armas de fuego y escopetas de perdigones contra manifestantes, con disparos dirigidos con frecuencia a la cabeza y el torso desde calles, techos, mezquitas y estaciones de policía. La evidencia señala a la Guardia Revolucionaria, a sus batallones Basij, a la policía conocida como Faraja y a agentes vestidos de civil. Según funcionarios de salud citados por Time, solo el 8 y el 9 de enero pudieron morir más de 30.000 personas. La cifra desbordó la capacidad del Estado para disponer de los cuerpos: se agotaron las bolsas mortuorias y camiones de carga reemplazaron a las ambulancias.........

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