El mercado de capitales boliviano no está roto. Tiene actores, tiene instrumentos, tiene capital y tiene demanda. Lo que tiene también es una estructura de acceso que favorece sistemáticamente a quienes ya llegaron con recursos —la banca, las empresas grandes, el capital extranjero— y que convierte en obstáculo imposible lo que debería ser una puerta abierta para la empresa nacional productiva.

Entender por qué requiere mirar quién captura el flujo, quién paga el peaje de entrada y quién termina financiando a quién.

El fondo de pensiones, motor invisible

Bolivia tiene un fondo de pensiones con activos cercanos a los USD 30.000 millones. Es la fuente de capital de largo plazo más importante del país, y su destino define, en la práctica, qué se financia y qué no. En la arquitectura actual, los bancos del sistema financiero captan más del 50% del total del fondo a través de depósitos a plazo fijo y otros instrumentos de renta fija.

El mecanismo es circular y eficiente —para los bancos. El fondo de pensiones deposita en los bancos. Los bancos prestan ese dinero a empresas a tasas más altas. Las empresas, cuando pueden, emiten bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para pagar esos préstamos. El fondo de pensiones compra esos bonos. El capital circula, pero el intermediario bancario extrae margen en cada vuelta. Los bancos no actúan de manera ilícita: actúan racionalmente dentro de la arquitectura vigente. El problema es la arquitectura misma.

La Bolsa Boliviana de Valores ofrece, para quien logra llegar, condiciones genuinamente competitivas: tasas inferiores al crédito bancario de largo plazo y plazos de entre seis y ocho años que la banca rara vez otorga para proyectos industriales. El acceso al fondo de pensiones como comprador institucional garantiza liquidez y colocación. Es una ventana real. El problema es que la mayoría de las empresas bolivianas de capital nacional nunca llega a abrirla.

El costo de la entrada al club

Las Lomas —primera y única siderúrgica boliviana, capital 100% nacional— es el caso que demuestra a la vez que el salto es posible y lo que cuesta darlo.

Antes de emitir un solo bono, la empresa invirtió aproximadamente USD 10,5 millones en preparación. Bs 66,5 millones en consultoría y estructuración jurídica, financiera y regulatoria. USD 500.000 en la implementación del sistema ERP SAP, obligatorio para cumplir los estándares de reporte de la ASFI. Más de Bs 14 millones anuales en costos operativos de la emisión: tasas regulatorias, auditorías externas, calificaciones de riesgo, derechos de cotización. Esa es la entrada al club bursátil boliviano.

La inversión fue justificada. Con esos USD 10,5 millones de preparación, Las Lomas captó USD 80 millones en su primer programa de bonos y luego Bs 750 millones en una titularización de flujos futuros en 2025. Un multiplicador de 8 a 1. El CAPEX total del proyecto —el primer Parque Siderúrgico del país— sumó USD 180 millones, financiado en un 46% con recursos propios y en un 54% con el mercado de capitales y la banca. Una empresa boliviana, con ahorro boliviano, construyó infraestructura industrial que de otro modo hubiera requerido deuda externa o inversión extranjera directa.

Pero el éxito de Las Lomas es también una radiografía de exclusión. La empresa, fundada en 1969, llegó a esa puerta después de años de acumulación institucional y con la capacidad de desembolsar diez millones de dólares antes de ver un solo boliviano del mercado. ¿Cuántas empresas nacionales con proyectos igualmente válidos no llegaron nunca porque no podían costear el proceso de preparación?

La ventaja silenciosa del capital extranjero

Una empresa multinacional o con participación de capital extranjero afincada en Bolivia puede resolver el problema de la inversión previa de una manera que la empresa nacional simplemente no puede: la casa matriz financia el proceso desde el exterior. Los USD 10,5 millones de preparación no representan una barrera existencial para la subsidiaria de un grupo internacional. Para una empresa mediana de capital boliviano, pueden ser sencillamente imposibles de costear.

El fondo de pensiones de los trabajadores bolivianos termina beneficiando de manera desproporcionada a empresas con capital extranjero, que tienen los recursos para invertir en una entrada al club, mientras el empresariado nacional, que no los tiene, sigue recurriendo al crédito bancario a tasas más altas y plazos más cortos. El ahorro de los bolivianos financia a quienes menos lo necesitan.

Frente a este diagnóstico, hay una posición recurrente entre analistas y gestores que propone la solución contraria: diversificar el ahorro boliviano hacia mercados externos —Estados Unidos, Europa, mercados emergentes asiáticos— alegando mayor liquidez, mayor profundidad y mejores retornos ajustados por riesgo. La posición tiene fundamentos técnicos en la teoría de portafolio clásica. Pero elude la pregunta central.

Si el fondo de pensiones boliviano hubiera destinado el capital que absorbió Las Lomas a bonos del Tesoro de EE.UU. o a ETFs internacionales, la planta siderúrgica no se hubiera construido, o existiría con deuda bancaria más cara y plazos más cortos. El retorno financiero para el tenedor de bonos incorpora algo que el análisis de tasa nominal no captura: la creación de valor local, el financiamiento de la industrialización, la sustitución de importaciones, la circulación del ahorro dentro de la economía que lo generó.

La recomendación de llevar el ahorro afuera es, en muchos casos, una rendición anticipada: una admisión implícita de que el mercado local no puede absorber ese capital productivamente. El caso Las Lomas demuestra que sí puede. Por ello, el debate debe centrarse en cómo democratizar el acceso al mercado local para que más empresas nacionales aprovechen el ahorro de los bolivianos.

Lo que hay que construir

La agenda de reformas no es pequeña, pero tampoco es inalcanzable.

Los bancos, dado su rol protagónico en la captación del fondo de pensiones, podrían ofrecer líneas de crédito específicas para financiar el proceso de preparación de empresas nacionales —implementación de sistemas, consultoría, auditorías, calificación de riesgo—, amortizables con parte de los recursos de la primera emisión. Un puente al mercado, no al proyecto.

La ASFI debería evaluar si los estándares de reporte pueden diferenciarse según el tamaño del emisor, sin sacrificar la protección al inversionista. Un sistema de emisiones simplificadas para empresas medianas nacionales reduciría los costos fijos de entrada y ampliaría el universo de emisores. La creación de un fondo estatal de garantías parciales para emisiones sin calificación de grado de inversión —esquema que ya funciona en Chile, Colombia y Perú— reduciría el riesgo percibido y abriría la puerta a empresas que hoy la banca tampoco financia bien.

Las Lomas puede pasar de ser un caso exitoso a ser el primero de muchos. Pero para eso hace falta reconocer que el mercado de capitales boliviano, tal como está diseñado, sirve mejor a quienes menos necesitan que sirva, y que cambiar eso no es un problema técnico. Es una decisión política.

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