Este lunes, 2 de marzo de 2026, los antiguos cabecillas de las Farc reconocieron el reclutamiento de 18.000 niños por parte de aquella monstruosa organización terrorista. Ellos, los máximos responsables, llevan casi diez años cómodamente jubilados, algunos desde los escaños del Congreso que les otorgaron los Acuerdos de la Habana. Nada han hecho ni podrán hacer para reparar a las decenas de miles de padres de familia que perdieron a sus hijos. Nada queda de aquellos niños indefensos, obligados a convertirse en carne de cañón a nombre del cambio. Nada queda de aquellas niñas extraídas de su hogar, sometidas a la esclavitud sexual u obligadas a abortar contra su voluntad, antes de morir en la oscuridad de la selva.

Peor aún, todo aquello sigue ocurriendo en Colombia. Según la Defensoría del Pueblo, se registraron 68 casos de reclutamiento infantil en el año 2022, cifra que incrementaría a 384 en 2023 y 654 en 2024. Los legisladores de las Farc, al igual que la bancada del Pacto Histórico, avalaron la política de Paz Total que permitió el fortalecimiento reciente de los grupos armados, destruyendo las vidas de cientos de familias en apenas dos años. Los caracteriza un desprecio profundo por la vida, porque no han abandonado el precepto marxista de que todo crimen es perdonable, incluso necesario, si promueve los fines de la revolución.

El conflicto armado es quizás la manifestación más oscura de aquella tendencia, pero no es la única. Kevin Arley Acosta murió a los siete años, privado de las inyecciones que necesitaba para sobrevivir, porque el petrismo saboteó un sistema de salud que le habría podido salvar la vida. Como muchos en Colombia, dependía de medicamentos perfectamente costeables para un país de nuestros ingresos, más aún considerando que el gasto público está a sus niveles más altos de la historia. Como muchos, hoy está muerto porque el gobierno Petro tiene claras sus prioridades. Cada peso destinado a salvar una vida es un peso menos para sobornar funcionarios y contratar propagandistas en nombre de la revolución.

El presidente apela a la responsabilidad individual en el caso de Kevin, acusando a su mamá de irresponsable por permitirle a su hijo montar en bicicleta. Además de revictimizar a una señora que aún llora a su hijo, el presidente demuestra los alcances macabros de su hipocresía. No cree en la responsabilidad individual cuando atribuye los crímenes de sus “hermanos” en el Eln a las acciones de expresidentes hace más de cincuenta años. Considera totalmente apropiado recompensar a los pandilleros por sus prontuarios, otorgándoles subsidios que no están al alcance de los colombianos más pobres, porque cree que cualquier delito es producto del sistema. Sin embargo, cuando una mujer inocente pierde a su hijo ante los fracasos de la revolución, ha cometido el único crimen que Petro realmente reconoce: el de ser víctima visible del gobierno de la muerte.

Este domingo, los colombianos tendremos el privilegio, por primera vez en ocho años, de elegir un Congreso sin asesinos. Las Farc perderán las diez curules que habían disfrutado desde 2018, de manera que solo legislarán aquellos que sean elegidos democráticamente. Honremos nuestra responsabilidad cívica votando en contra del Pacto Histórico, aquel partido de la muerte que busca dar de baja a la Constitución. Procuremos un proceso legislativo libre de los verdugos de la república y de sus hijos más vulnerables. Solo así podremos considerarnos un pueblo digno de la democracia que hemos heredado. Solo así podremos merecerla, preservarla y renovarla.

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