Es de indagarse, más allá de esa jurisdicción administrativa, una decisión suscrita por el presidente de la municipalidad torrense del estado Lara, por lo demás de admirable inteligencia en sus hombres y mujeres a extremos, que el mismísimo “Diablo se soltó en Carora”, toda una leyenda trágica, recogida por el historiador Juan Carlos Reyes al mostrar el enfrentamiento entre la Iglesia, con los alcaldes ordinario y de hermandad, como jueces civiles y penales en persecución y protección en el Convento San Francisco, de deudores de la compañía guipuzcoana, que no casualmente, por una decisión del de aquel ente, pero coincidentes siglos después y no porque la historia se repita, pero sí que rima, como dijera Mark Twain, al dictarse un acuerdo insólito desde todo punto de vista contra el alcalde Javier Oropeza, por lo que de nuevo se ha soltado el Diablo en Carora.

Resulta que, a propósito del fraude electoral de 2024, la ciudadanía caroreña salió a protestar pacíficamente. Unos cuervos sedientos de sangre, atrincherados en su cueva, alcanzarían el objetivo de lamentables desenlaces. Estos incluirían acusaciones y la destitución del alcalde Javier Oropeza, y más que su enjuiciamiento, el asalto a propiedades de su familia. Para lo cual no hubo rechazo, menos a los detenidos injustamente con la muerte de unas personas. Aparentemente, esto concluye al regreso de Oropeza después de un inmerecido exilio, acogiéndose al beneficio de una ley de amnistía acordada. Un multitudinario recibimiento a su regreso le sorprendería con una emboscada, no en un acuerdo administrativo propio del municipio, sino de una atípica “requisitoria judicial” cuya redacción indica perversidad, propia de los antiguos rábulas, en tiempos de la Inquisición, alejada de todo fundamento de hermenéutica jurídica que se debe citar con pinzas, para no salpicarse de........

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