El conflicto que estalló este fin de semana con la Ruta 322, en los alrededores del Camino a Lagrange y Anillo Eléctrico, en la colonia Cerradas de Casa Blanca, en San Nicolás, va mucho más allá de una disputa entre transportistas y autoridades. Lo ocurrido exhibe una forma de gobernar que comienza a convertirse en sello de la casa en Nuevo León. La percepción de que el aparato del Estado se utiliza para presionar, disciplinar y recaudar gana terreno entre empresarios, transportistas y distintos sectores que aseguran haber sentido el peso de una administración cuya prioridad parece ser encontrar nuevas fuentes de ingresos, aun cuando el costo político sea cada vez mayor.

Los operadores denunciaron que inspectores del Instituto de Movilidad iniciaron una serie de revisiones, detenciones de unidades y aplicación de multas que derivaron en el retiro de dos camiones de circulación. Según los propios transportistas, la presión comenzó después de negarse a incorporarse al esquema de los nuevos camiones “verdes”, al considerar que ello implicaría abandonar su modelo de operación y el cobro en efectivo.

Con lo ocurrido, no podemos olvidar uno de los ejemplos más claros de este tipo de política con la implementación del llamado Impuesto Verde, la bandera ambiental con la que el gobernador Samuel García prometió combatir la contaminación. A casi dos años de su puesta en marcha, los indicadores de calidad del aire difícilmente permiten sostener que la estrategia haya cumplido su propósito. Basta revisar puntos como San Pedro, Escobedo, San Nicolás, Cadereyta y el centro de Monterrey, que en las últimas semanas han registrado los niveles más altos de partículas contaminantes.

Las contingencias ambientales persisten, las emisiones preocupan y la recaudación por el........

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