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Tener trabajo ya no garantiza estar a salvo. Esa es, quizás, la conclusión más inquietante del IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias elaborado por la Fundación Foessa en colaboración con Cáritas Diocesanas. En un contexto de recuperación macroeconómica y mejora de los indicadores de ocupación, el 25,5% de la población isleña -más de 560.000 personas- vive en situación de exclusión social. No se trata de una anomalía coyuntural, sino de una fractura estructural.

Los datos de empleo podrían invitar al optimismo: desde 2018 la población ocupada ha crecido con fuerza y el desempleo ha descendido. Sin embargo, como advierte el sociólogo Thomas Frederic Ubrich, responsable del informe, «no fallan las personas, falla el sistema». El empleo creado no siempre protege. Persisten bolsas de paro elevadas -con un 8% de hogares donde todas las personas activas están desempleadas- y se extiende la jornada parcial indeseada, contratos intermitentes y salarios que no alcanzan para sostener un proyecto de vida autónomo.

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