El caso Beller-Cerimedo ha dejado de ser únicamente un expediente policial. La gravedad del intento de feminicidio ocurrido en Santa Cruz de la Sierra exige una investigación rigurosa, pero las derivaciones del caso abrieron también interrogantes políticos que el Gobierno tiene la obligación de responder. Son dos dimensiones distintas y ambas merecen respuestas claras.

En el ámbito penal no debería existir margen para especulaciones ni interferencias. Corresponde a la Policía y al Ministerio Público esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y llevar ante la Justicia a quienes participaron, material o intelectualmente, en el hecho. Un crimen de estas características no puede quedar impune, independientemente de los nombres, relaciones o influencias que aparezcan durante la investigación.

La dimensión política plantea otras preguntas. Fernando Cerimedo no fue una figura invisible alrededor del poder. Su presencia quedó registrada en fotografías de actos públicos, intervino activamente en polémicas a través de las........

© El Deber