La seguridad jurídica es uno de los pilares sobre los que se construye una economía moderna. Para las empresas, contar con un sistema judicial ágil y previsible no es un elemento accesorio, sino una condición necesaria para poder tomar decisiones, gestionar conflictos y desarrollar su actividad con normalidad. Cuando la justicia funciona, aporta certidumbre; cuando se ralentiza, introduce incertidumbre, costes y pérdida de eficiencia.

En los últimos años, sin embargo, la realidad del funcionamiento de la justicia ha empezado a generar preocupación entre muchos profesionales. Los retrasos acumulados en los procedimientos se han convertido en una de las principales disfunciones del sistema. En Navarra, por ejemplo, el ámbito laboral ofrece una imagen bastante ilustrativa de esta evolución. Hace apenas unos años, el plazo entre la presentación de una demanda por despido y la celebración del juicio podía situarse en torno a tres meses. Hoy, ese mismo procedimiento puede demorarse entre ocho y doce meses. La diferencia no es menor. Supone multiplicar por tres o por cuatro los tiempos de resolución de un conflicto que, por su propia naturaleza, debería resolverse con rapidez.

Uno de los problemas añadidos es que, en ocasiones, la valoración del funcionamiento de los juzgados se realiza en términos comparativos. Si otras comunidades autónomas presentan retrasos aún mayores, puede transmitirse la impresión de que la situación local es razonablemente buena. Pero esa comparación relativa no debería servir para conformarse. El objetivo de un sistema judicial eficaz no es situarse mejor que otros territorios, sino ofrecer tiempos de respuesta compatibles con las necesidades de una economía dinámica.

A ello se suma la introducción en los últimos años de nuevas obligaciones procesales pensadas para descongestionar los tribunales. Entre ellas destacan los llamados MASC (mecanismos alternativos de solución de conflictos) que pretenden fomentar acuerdos previos antes de acudir a los juzgados. La idea de promover vías de acuerdo es, en principio, positiva. Sin embargo, en la práctica muchos profesionales constatan que su aplicación está generando trámites adicionales y mayor complejidad en la interposición de demandas. Es decir, lejos de simplificar el sistema, en ocasiones añade nuevas capas de procedimiento.

También la reorganización administrativa de los juzgados ha introducido dificultades operativas que antes no existían. Tradicionalmente, muchas incidencias o errores en la tramitación podían resolverse mediante una simple gestión telefónica o presencial con la persona encargada del expediente. Ese contacto directo permitía corregir rápidamente problemas formales y evitar retrasos innecesarios. Hoy, en cambio, ese acceso resulta mucho más difícil. Localizar al funcionario o unidad responsable de un procedimiento concreto puede convertirse en una tarea complicada, lo que ralentiza aún más la resolución de incidencias que en otro contexto podrían solventarse con facilidad.

Todo ello configura un escenario en el que el sistema judicial, sin dejar de cumplir su función esencial, se enfrenta a tensiones organizativas y de gestión que conviene abordar. La buena noticia es que muchos de estos problemas están perfectamente identificados por quienes trabajan diariamente con los tribunales: jueces, letrados, graduados sociales, abogados y funcionarios. No se trata, por tanto, de un diagnóstico desconocido; se trata de ponerse manos a la obra con voluntad de servicio a los usuarios.

La justicia no es solo una garantía institucional para los ciudadanos; es también una infraestructura esencial para el funcionamiento de la economía. De la misma manera que se invierte en carreteras, energía o telecomunicaciones para mejorar la competitividad de un territorio, también resulta imprescindible asegurar que el sistema judicial disponga de los medios, la organización y los procedimientos adecuados para responder con agilidad. Si en Navarra queremos una economía dinámica, capaz de atraer inversión, generar empleo y ofrecer seguridad a quienes emprenden y trabajan, la eficiencia de la justicia debe formar parte de la agenda de reformas. Los problemas están detectados. El siguiente paso consiste, simplemente, en afrontarlos y resolverlos.

José María Barrero Jiménez. Socio director de Barrero Abogados y miembro del think tank Institución Futuro.

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