La apuesta por reanimar la producción petrolera en Venezuela avanza sobre un terreno inestable: un sistema eléctrico colapsado, que castiga diariamente al pueblo, y que podría terminar estrangulando la misma recuperación económica que se anuncia con estridencia.

La reciente visita a Caracas del Secretario de Energía de la Administración Trump, Christopher Allen Wright, es una señal inequívoca de que la ruta petrolera va en serio, tanto en términos de inversión como de geopolítica, pero mientras se multiplican las licencias petroleras para las trasnacionales y los discursos fluyen sobre barriles, contratos y alianzas, no hay un solo anuncio concreto, verificable y calendarizado sobre inversiones estructurales en el sistema eléctrico venezolano, esa omisión no es un detalle técnico: es una bomba de tiempo social, que el pueblo venezolano ya ha padecido.

El sistema eléctrico venezolano arrastra al menos quince años de crisis crónica, reconocido incluso por estudios y reportajes que documentan cortes programados en bloques de 2 a 4 horas diarias por zonas, siendo conservador, todos sabemos de zonas que han sido castigadas con meses sin servicio eléctrico, con Caracas como excepción parcial durante varios años, desde la emergencia de 2009-2010, cuando el embalse de Gurí estuvo al borde de niveles críticos y se decretaron racionamientos, multas por consumo y paralización de industrias de alto consumo, la señal estaba clara: el modelo era insostenible y lejos de corregirse, el deterioro se consolidó como política de hecho, sobrecarga de líneas, fallas masivas que han llegado a afectar de forma simultánea a más de la mitad de los estados del país y racionamientos periódicos cada cuatro horas en regiones enteras.

Hoy, buena parte del país vive con apagones diarios, acompañados de fluctuaciones violentas que destruyen neveras, bombas........

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