Entre la promesa institucional y el populismo punitivo

En Colombia, la idea de una “política criminal” suele mencionarse con solemnidad en discursos oficiales, planes sectoriales y exposiciones de motivos. Sin embargo, la distancia entre lo que se enuncia y lo que realmente se ejecuta se ha convertido en un abismo que atraviesa gobiernos de todas las orillas. Cada administración llega con su propio catálogo de reformas, su propia lista de delitos que promete endurecer y su propio lenguaje de mano dura, como si la política criminal fuera un terreno que siempre debe reconstruirse desde cero. Lo paradójico es que, pese a esa sucesión ininterrumpida de ajustes, la criminalidad no disminuye, la impunidad no cede y la confianza ciudadana en las instituciones sigue erosionándose, ¿Qué nos impide consolidar un modelo coherente, estable y técnico? ¿Tenemos realmente una política criminal o solo ciclos renovados de populismo punitivo?

La primera explicación suele hallarse en la ausencia histórica de una visión de Estado. Mientras otros países han construido políticas criminales con vocación de permanencia —con órganos técnicos estables, centros de investigación, estadísticas confiables y criterios de continuidad—, en Colombia esa función ha estado capturada por la dinámica política del momento. Los ministros, congresistas y directores de entidades del sector justicia transitan con rapidez; los equipos técnicos cambian cada cuatro años; y las prioridades penales se reconfiguran según el énfasis ideológico del gobierno de turno. Lo que para una administración es un problema prioritario (por ejemplo, narcotráfico, minería ilegal o violencia intrafamiliar), para la siguiente puede no serlo. Y esa discontinuidad condena al fracaso cualquier intento de construir lineamientos duraderos.

A ello se suma un problema aún más estructural: la política criminal en Colombia ha sido reducida a un ejercicio legislativo, y........

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