El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha puesto en consideración un proyecto de decreto que busca establecer que las negociaciones de vivienda de interés social (VIS) siempre se hagan en pesos corrientes y no en salarios mínimos mensuales legales vigentes. La iniciativa, surgida para contrarrestar los efectos por el notable incremento de este referente, pretende, en forma contradictoria, modificar lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 293 de la Ley 2294 de 2023 —Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026—, que ratificó el tope de 150 SMMLV para siete grandes ciudades y sus municipios circundantes.

No resulta jurídicamente viable alterar una ley mediante decreto. Tampoco se explica la razón para unificar en 135 SMMLV el precio máximo de la VIS en todo el país. El mismo gobierno ha defendido el reciente incremento del salario mínimo como instrumento para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y, de esta manera, facilitar el acceso a vivienda que es necesidad muy sentida. Disminuir simultáneamente el importe superior de la VIS equivale a neutralizar ese propósito: lo que se concede por una vía se restringe por otra.

Los beneficios derivados de subsidios estatales y de las cajas de compensación familiar no deberían verse afectados por una confusa decisión. El tope VIS nunca ha operado como una camisa de fuerza para fijar precios; en efecto, la oferta del mercado suele ubicar las viviendas por debajo de ese límite. Desconocer esta dinámica introduce rigideces inapropiadas y restringe las opciones para los adquirientes.

El establecimiento de un tope diferencial respondió a criterios técnicos rigurosos: déficit habitacional, acceso al crédito, disponibilidad de recursos públicos, presión del valor del suelo urbano y la necesidad de disminuir la segregación espacial de la población. Con base en esos estudios, en el Decreto 1607 de 2022 se confirmó el límite de 150 SMMLV para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, junto con 41 municipios de sus áreas de influencia.

Mantener ese umbral permitiría a los compradores adquirir hoy soluciones cercanas a los $262 millones. Reducirlo a 135 SMMLV limitaría el valor aproximadamente a $236 millones, restringiendo la posibilidad de hacerse a una vivienda mejor ubicada o con mayores cualidades de habitabilidad. Para miles de familias esa consideración no es marginal; representa la calidad del proyecto personal asociado a la inversión más importante que realizarán.

La política pública de justicia social exige coherencia. Si el objetivo es ampliar las posibilidades de desarrollo vital, las decisiones regulatorias deben facilitarlo y no entorpecerlo. De lo contrario, la promesa de progresar en las condiciones de vida terminará convertida en una expectativa frustrada para quienes buscan, legítimamente, un hogar confortable.

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