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Pemex y CFE: la factura que no aparece en el recibo

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En México, la estabilidad de los precios de la gasolina y la electricidad se presenta como uno de los principales logros de la política energética. Para millones de familias y empresas, evitar incrementos bruscos representa un beneficio real. Pero en economía existe una regla elemental: que un costo no aparezca en el recibo del consumidor no significa que haya desaparecido.

Alguien paga la diferencia.

Durante su comparecencia del 12 de noviembre ante el Senado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, defendió el fortalecimiento de Pemex y CFE, la estabilidad de los combustibles y los avances en producción e infraestructura.

Según las cifras presentadas, la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27 pesos. También destacó que la deuda financiera de Pemex disminuyó hasta 77,600 millones de dólares.

Son datos que merecen examinarse. Pero una comparecencia seria no debería limitarse a presentar resultados favorables. También debe explicar cuánto costaron, cómo se financiaron y qué beneficios económicos generaron.

El debate no es ideológico ni de propiedad pública frente a privada; es una cuestión de eficiencia y resultados medibles por cada peso que aporta la sociedad.

Gasolina: estabilidad con costo fiscal

Los combustibles influyen directamente en el transporte, la distribución de mercancías, la producción agrícola y los precios al consumidor.

Por ello, contener aumentos extraordinarios puede ser una decisión razonable para proteger el poder adquisitivo y evitar presiones inflacionarias.

Sin embargo, una parte de esa estabilidad puede sostenerse mediante estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), acuerdos comerciales y ajustes en los márgenes de quienes participan en el mercado.

Cuando Hacienda reduce el IEPS, el gobierno deja de recaudar recursos que, de otra manera, podrían ingresar a la Tesorería. No es necesariamente una transferencia directa al consumidor, pero sí representa un costo de oportunidad fiscal.

Y cuando una empresa pública absorbe parte del ajuste, ese costo puede afectar sus resultados y su capacidad de inversión.

La pregunta es sencilla: ¿cuánto ha costado mantener los combustibles dentro de los precios anunciados durante 2026?

No basta con informar cuánto paga el automovilista por litro. Debe conocerse el costo fiscal acumulado, los ingresos sacrificados y la distribución de los beneficios.

Porque tampoco todos reciben el mismo apoyo. Un hogar sin automóvil obtiene un beneficio directo menor que otro con varios vehículos, aunque ambos contribuyan al financiamiento del gasto público.

Electricidad: tarifas estables, inversiones pendientes

En electricidad, la discusión es todavía más relevante.

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 contempla 87,769 millones de pesos para subsidios a las tarifas eléctricas, además de aproximadamente 4,889 millones para apoyo federal al pago de adeudos por suministro eléctrico.

En conjunto, son alrededor de 92,658 millones de pesos destinados a esos conceptos.

Subsidiar el consumo básico de los hogares de menores ingresos puede ser una política social justificada.........

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