La consulta previa es una herramienta fundamental para que todos ganen: las comunidades, el país y los inversionistas. Bien aplicada, permite proteger los derechos de los pueblos étnicos, construir acuerdos, prevenir conflictos y brindar seguridad jurídica a los proyectos que Colombia necesita para avanzar.

Su fundamento jurídico parte, entre otras normas, del Convenio 169 de la OIT y de la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Sentencia SU-123 de 2018 desarrolló criterios relevantes para determinar cuándo existe afectación directa y, por tanto, cuándo procede la consulta previa.

Sin embargo, Colombia mantiene un enorme vacío procedimental que el Congreso debe ayudar a resolver. Buena parte del procedimiento administrativo ha estado regulado mediante instrumentos del Ejecutivo, entre ellos la Directiva Presidencial 08 de 2020, algunos de cuyos apartes han sido objeto de decisiones judiciales. Un derecho de semejante importancia para las comunidades y para el desarrollo del país necesita reglas claras, estables y con suficiente seguridad jurídica.

Por eso, el pasado miércoles, con el respaldo de más de 25 firmas, radicamos un proyecto de ley que busca reglamentar administrativamente la consulta previa. La iniciativa establece un procedimiento en cabeza del Ministerio del Interior que permita garantizar el derecho y, en simultáneo, ofrecer mayor agilidad, transparencia y seguridad jurídica.

Consulta previa sin abusos

Una Venezuela próspera y democrática, fundamental para Colombia

Derecho a la protesta

No podemos perder el país en 2030

Solo hay democracia si hay garantía de la propiedad

Los Altos del Golán: cuando la realidad se adelanta al........

© Revista Semana