Tal como lo anticipé en mi columna en este mismo medio en el año 2024, hoy el catastro volvió a ser fiscalista —de multipropósito solo tiene su nombre—, y es suficiente con revisar la Resolución 2057, expedida el 30 de diciembre de 2025 por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a través de la cual se establecieron los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en las zonas rurales de 527 entidades territoriales municipales del país, en donde encontramos incrementos del 2.505.119 %, como es el caso de una zona del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, que precisamente por ser históricamente golpeado por la violencia, con presencia de grupos al margen de la ley, hace parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Es por ello que me pregunto: ¿este es el trato que les está dando el Gobierno a las víctimas del conflicto y a los campesinos de Colombia o es la nueva apuesta de la paz total? Porque, sin lugar a duda, estos incrementos desbordados van a agudizar los conflictos sociales en los territorios.

Pese a que la actual administración del IGAC se mostró inicialmente como técnica y salvadora de la política, vemos que —en la práctica— lo que ha hecho es agudizar la problemática en torno al catastro, y no le importa salir a culpar ahora a las entidades territoriales por el incremento del impuesto predial unificado de los predios rurales del país, como lo ha venido realizando, cuando sencillamente se limitó a entregar las bases catastrales sin tener un plan coordinado con las entidades territoriales que permita implementar estrategias que mitiguen el impacto de dichos........

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