El próximo domingo se realizarán las elecciones de las personas que van a desempeñar la tarea fundamental de adoptar mediante leyes, los cambios sociales requeridos por los colombianos, así como la de ejercer el control político al gobierno del nuevo presidente por elegir durante los meses de mayo y junio del año en curso. 

A consideración de los electores ha sido presentada una gran cantidad de opciones. Sin embargo, estos tienen la obligación con el país de escoger para integrar el Congreso de la República los reconocidos como personas honestas y con una hoja de vida ejemplar. Los integrantes de las listas inscritas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil contaron con un aval otorgado por el director de cada partido político. 

Al revisar los nombres de los propuestos, aparecen al lado de los preparados para desempeñar la función legislativa con lujo de detalles y con precedentes de un desempeño pulcro en la gestión del Estado, una serie de personajes cuestionados por haber cometido supuestos delitos contra la administración pública. 

Algunos recién liberados de la prisión por el vencimiento de términos en sus procesos penales, producto de la negligencia de los funcionarios judiciales. Aunque este motivo ha sido puesto en duda por algunas personas, dadas las noticias de los últimos días sobre la captura de empleados corruptos en la Fiscalía. Es triste encontrar en los líderes de los partidos, el único objetivo de la cantidad de votos a obtener por cada uno de sus “ahijados”. 

La exclusiva preocupación consiste en tratar de presentar en los resultados unos guarismos significativos de votantes a costa de todo. Las ideas les son indiferentes. Mucho menos las realizaciones históricas de sus movimientos en el pasado cuando impulsaban la defensa de los más necesitados y la moralidad pública. 

Tampoco pesa en su conciencia ninguna consideración cercana a la decencia. En ella resultan ignorados los antecedentes sobre la vinculación de sus apadrinados a los escándalos de corrupción ventilados en la prensa, las imputaciones formuladas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, y la financiación de las campañas con dineros mal habidos. 

En cada departamento es imperativo recordar los delitos en los cuales estos candidatos están comprometidos y repasar las declaraciones públicas en su contra por los testigos, varios cómplices de sus fechorías, quienes, en algunos casos, han emigrado al exterior para proteger la vida y a sus familias. 

A cada quién le corresponde el valor civil de traer a la memoria e informar a los allegados la historia del asalto a los dineros públicos al que están supuestamente asociados, para sancionarlos con la negativa de su voto en las urnas. 

Exdirector General de la Dian. 

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