Para considerar a quien realiza una acción sujeta a sanción penal como autor de un delito, debe examinarse si cuando realiza su acción ha tenido una intención deliberada de cometer el delito, o se acredita su culpa por imprudencia, negligencia o descuido por un deber de cuidado objetivo. El Código Penal configura el concepto de autor desde una perspectva subjetiva. Este principio limita el poder punitivo del Estado, asegurando que solo se sancione a quien ha actuado con reproche subjetivo, es decir, con conciencia o previsibilidad del daño. Si ya es dificil identficar al agente ejecutor del delito, piénsese en la dificultad de identificar a su inductor y sus cómplices. Existen formas de autoría o complicidad que acreditan lagunas en el derecho positivo que finalmente amparan al delincuente, sin perjuicio de que las leyes mismas puedan, de hecho, consentirlo.

Más díficil aún es acreditar la autoría y la complicidad en delitos terroristas, o en delitos propios de una asociación de malhechores, en una organización criminal o en una organización mafiosa, y más aún cuando se identifican como terroristas, el caso de los lobos solitarios, que de pronto encarnan una voluntad abstracta divina que les mandata, en su delirio, a cometer asesinatos. A menudo la coartada es apelar a la salud mental del reo. El caso de Samuel Paty es ejemplar a este respecto. Lógicamente, la representación que el ciudadano tiene de la justcia le induce a tomar las armas frente a hechos delictvos que violentan su sentido de la justcia. ¿O solo cabe agravar la pena a asesinos como Francisco Javier Almeida López Castro que asesinó al menor del que abusó, José Bretón, el parricida que mató a sus hijos Ruth de 6 años y José de 2, Ana Julia Quezada que asesinó a Gabriel Cruz de 8 años, y no a otros tantos asesinos de los que constan antecedentes penales?

La complicidad de los miembros de una asociación de malhechores puede ser eventual; en una organización mafiosa o criminal, esa asociación persiste en el tiempo, y, sus miembros jerárquicamente organizados, están expuestos a la muerte si no al miedo si no guardan absoluto silencio. ¿Qué lucro puede esperar toda clase de esbirros con su silencio cómplice en el caso de ser instrumentales a los delincuentes socialistas?. Tienen que tentarse mucho la ropa para salir mejor parados que Aldama con sus denuncias, aquellos esclavos de un sátrapa cuando ya no le son útiles mas que por su silencio. Aldama testifica voluntariamente, confrmando su rol en Delcygate y alegando sobornos a funcionarios del PSOE como Santos Cerdán y María Jesús Montero. Y falta por determinar la participación de Carmen Pano llevando dinero a la sede socialista en Ferraz.

En el ámbito de los delitos económicos interpretar un delito en términos de responsabilidad subjetiva hace aguas por todas partes. Como en los casos de blanqueo de capitales, el tráfico de influencias, la prevaricación administrativa, la malversación de fondos públicos, o el delito de receptación. Raro es el caso donde es posible reconocer una intención subjetiva a menos que se identifique como razón del delito la búsqueda de utilidad. Busca donde va el dinero para encontrar al culpable. La leyes en el ámbito civil mercantl están trufadas de agentes fiduciarios, testaferros y representantes plenipotenciarios que ostentan su condición a través de contrato y cuentan con representación notarial. El dominio del propietario real se limita a disponer de algún tipo de capacidad coercitiva, que puede a menudo fallar, como fue el caso del testaferro Francisco Paesa en el caso del director de la Guardia Civil Luis Roldán. ¿Qué tipo de poder coercitivo tienen José Luis Rodriguez Zapatero y Pedro Sánchez Pérez-Castejón?

Las mismas leyes están trufadas de mecanismos para hurtar a la justicia el conocimiento de los responsables de un delito como cuando se establece la doctrina del levantamiento del velo para evitarlo identificando quien tiene dominio sobre un patrimonio. Una singular laguna del derecho penal es precisamente la responsabilidad en cadena, resultado de un concepto de responsabilidad subjetiva en lugar de lo que debería resultar de una responsabilidad objetva, la utlidad que obtienen sus actores, el agregado de acciones legales o paralegales aisladamente consideradas. En la sociedad actual no es tan importante quien es titular de un bien como quien la administra,  gestores, agentes intermedios, que custodian y gestionan recursos para terceros, a los que están sometidos. En la corrupción sanchista existe un amplio elenco, un espectro ampliado de beneficiarios que no entienden de diferencias de orientación sexual si es sufciente para imponer el silencio a una extensa cadena de cómplices. Sánchez no cuenta con un Pepito Grillo interno frente al que deba examinarse. Está puramente guiado por su beneficio. Sus comisarios políticos hacen el trabajo sucio por él, buscando el suyo. No se debe a nadie, más que a sí mismo.

Y, ¿Rodriguez-Zapatero? ZP es la BlancaNieves del cuento donde Sánchez es el puto jefe de los enanos que pretende imponer a la primera potencia mundial el uso de las bases militares con una nula capacidad coercitiva. Blancanieves, habita entre Sodoma y Gomorra, donde confluyen la injusticia social, la soberbia y la perversión sexual, ese tipo de abominaciones bíblicas donde el delito ajeno encubre el propio en una cadena, de cooperadores necesarios, de actuaciones donde la responsabilidad desaparece por arte de magia en múltiples relaciones cruzadas de silencio cómplice. Quien se divierte con chaperos, quien se divierte con putas, quien se divierte robando. Es obligatorio juzgar sus delitos desde una perspectva objetiva como propios de una red criminal estructurada donde una jerarquía de actores logra imponer sus propósitos escondiendo su lucro. ZP orienta la polítca de Sánchez, cuando no la inspira, y aprovecha la red de corrupción de la dictadura de Nicolás Maduro, la red de Delcy Rodriguez. Y reparte. ZP ha gestionado en la sombra los rescates públicos a Plus Ultra, a Air Europa, y coordina cual cómplice del gobierno Sánchez, el uso de recursos oficiales como éste oculta el uso del Falcon para actividades ilícitas. 122 vuelos del Falcon de Sánchez o su esposa (2023–2024) permanecen opacos, y Sanchez se ha negado a confesar quienes eran sus pasajeros a pesar de órdenes judiciales del TSJM .

De sus ignoradas y ocultas asesorías, ZP recibe el benefcio de sus testaferros, las comisiones de la gestión oculta de los rescates. En diciembre de 2025, la policía allanó las oficinas centrales de Plus Ultra, arrestando al Presidente Julio Martnez, un asociado que Zapatero solo conocía por correrías en fincas del patrimonio del Estado, y al CEO Roberto Roselli por cargos de lavado de dinero. Julio Martinez, pagó a Zapatero entre 450,000 y 463,000 euros por «consultoría global» a través de su firma Análisis Relevante SL, una entidad ficticia, y a sus hijas otros 200.000 euros. No existe evidencia de la contraprestación a tamaña mordida, a no ser de negros que hicieron por él su supuesto trabajo. Los ingresos de la familia ZP recompensan al sujeto, no pagan sus informes. Un delito encubierto de receptación, lucrarse de lo robado a la hacienda pública, tras haber facilitado y promovido la comisión de un delito de malversación de fondos públicos. As-i como de rebote. El Tesoro de EE.UU. ha vinculado una transferencia de Plus Ultra de 519,000 dólares en 2021 a una cuenta bancaria suiza ligada a la red de corrupción de PDVSA de Alex Saab, el ministro que esconde el blanqueamiento de capitales de la actual presidente interina de Venezuela Delcy Rodriguez, tan dúctl ahora a la otrora potencia enemiga del socialismo del siglo XXII, la mafia de la internacional socialista que preside Pedro Sánchez. Saab será extraditado a EEUU, y no podrán imponerle silencio ZP o Sánchez.

Los vuelos del Falcon ocultan transferencias de riqueza al extranjero; una hipótesis razonable los vincula a acuerdos de oro venezolano, la sospechosa visita de Delcy Rodriguez a Madrid en 2020 con 104 barras de oro por valor de 68.5 millones de dólares en 40 maletas de contenido desconocido. El Consejo de Transparencia requirió divulgar la información en junio de 2025, y Moncloa lo ignoró. José Luis Ábalos, Ministro de Transportes de España, envió una carta el 10 de diciembre de 2019, con 27 errores gramaticales, invitando a Delcy Rodríguez a visitar España. Los errores forman parte de ese trabajo de ocultación, no solo producto de su analfabetismo. Víctor Ábalos, el hijo de José Luis acusa a Zapatero de tener razones secretas para ocultar la visita. Una repetición que representa Sánchez frente a la grabación de Pegasus, entregándose a Marruecos cediendo al chantaje. Delcy Rodríguez habló con Pedro Sánchez por teléfono desde el dispositivo de Ábalos, advirtiéndole, que tenían un acuerdo. Es el caso de una responsabilidad estricta donde el beneficio que se obtiene de un delito común hace irrelevante el juicio de intención de los actores, un caso de responsabilidad objetiva que viene causando a la nación un daño irreparable. Todos son actores involuntarios de su confanza de lo que les benefcia como voluntarios. Actores de un delito en cadena donde cada cual es un cooperador necesario aparentando no tener conciencia de actuar al servicio de una organización criminal.

Suma y sigue. Vicente Fernández Guerrero, nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Partcipaciones Industriales (SEPI) por Pedro Sánchez y mano derecha de la ministra María Jesús Montero se ha visto implicado en una trama de corrupción sistémica junto a Leire Díez y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Pagos a empresas como Servinabar (219.000 euros entre 2021 y 2023) y comisiones en rescates del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, incluyendo operaciones con Air Europa, Tubos Reunidos y otras, por casi 1.000 millones de euros bajo sospecha. El caso Forestalia involucra al grupo aragonés de energías renovables, liderado por Fernando Samper, en una presunta trama de corrupción ambiental que ha salpicado a administraciones del PSOE en Aragón y al Ministerio para la Transición Ecológica. Iniciado en diciembre de 2025 como derivada del caso SEPI (donde Forestalia recibió 17 millones de euros en ayudas), escaló en marzo de 2026 con detenciones, incluyendo a Samper y Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental (2017-2023), por delitos como prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo y organización criminal. Domínguez, mantenido en su puesto por la exministra Teresa Ribera a petición de Santos Cerdán. Estos casos, investigados por la UCO y la Audiencia Nacional, destacan patrones de influencia política en adjudicaciones y permisos, con implicaciones para los gobiernos socialistas.

La mafia sanchista y sus beneficiarios directos se han educado en la impunidad y en tal registro acusan a cualquiera que denuncie sus delitos como delitos de odio. ZP el bambi de la película, la Blancanieves entre Sodoma y Gomorra, ha descubierto que decir la verdad es la mejor manera de mentir. Cobró sí, pero cobró servicios desconocidos que otros hicieron por él, en una estrategia cíclica donde obtiene beneficio de lo que él mismo se sirvió, del tráfico de infuencias. El arte de recibir de terceros lo que se logró por ser el factotum de la red criminal.

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