Durante años, las derechas europeas han conseguido imponer con notable éxito el terreno sobre el que se desarrolla la disputa política. Inmigración, fronteras, seguridad, identidad, delincuencia. No importa demasiado que los datos acompañen o no siempre la percepción de amenaza. Lo decisivo ha sido conseguir que la conversación pública se organice alrededor de esas cuestiones. Quien determina de qué se habla tiene ya una parte importante de la batalla política ganada.

Por eso lo que está sucediendo estos días alrededor de la vivienda merece ser observado con atención. No solo porque decenas de miles de personas hayan vuelto a las calles de Madrid, porque la protesta se haya extendido a numerosas ciudades españolas o porque las tiendas de campaña hayan regresado a la Puerta del Sol. La movilización desencadenada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha convertido un caso particular en el símbolo de un problema colectivo. Las organizaciones de inquilinos han convocado protestas a lo largo y ancho del Estado y estas han sido secundadas por gran cantidad de gente, y esta es la presión que ha obligado al Gobierno a reaccionar con nuevas medidas sobre desahucios y contratos de alquiler. Por primera vez en mucho tiempo parece abrirse la posibilidad de disputar el eje sobre el que se organiza el malestar. Porque malestar hay. La cuestión es quién consigue explicarlo y ofrecer soluciones.

Durante los últimos años, la derecha radical ha ofrecido una explicación fundamentalmente identitaria. Si tu barrio cambia, si los servicios públicos funcionan peor, si tienes dificultades para acceder a determinadas prestaciones, si sientes que has perdido el control sobre tu vida, alguien te dirá que el problema está en la inmigración, en la inseguridad o en unas élites progresistas más preocupadas por las minorías que por la mayoría social. El movimiento es extraordinariamente eficaz porque transforma problemas distributivos en conflictos identitarios.

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