Aplaudir no es un gesto inocente. Aplaudir es elegir qué merece ser celebrado y qué no. Parece simple: manos que se unen para ensalzar algo digno de reconocimiento. Pero en estos momentos los aplausos, los gritos, los vítores y la celebración colectiva son un lenguaje que anuncia qué tipo de mundo estamos dispuestos a aceptar.

Por eso, no es casual que días atrás hayamos visto diferentes escenas que, aunque aparentemente inconexas, comparten una misma lógica: el odio por el diferente.

En el Parlamento Europeo, tras la reciente aprobación del Reglamento de Retorno, la extrema derecha y la derecha extrema estallaron en aplausos, con una euforia que recordaba más a los hooligans de un estadio de fútbol que a diputados miembros de una institución. Con exaltación celebraban la crueldad de esa norma.

Días después, en la Knesset de Israel, tras la aprobación de una ley que aprueba la pena de muerte en la horca, la reacción fue similar: aplausos, celebración, y un profundo orgullo de hacer el mal.

Y, casi al mismo tiempo, en un estadio, durante el partido amistoso entre España y Egipto, se escuchaban cánticos racistas islamófobos que respondían a la misma lógica: la emoción colectiva organizada en torno a la exclusión del otro, a su degradación simbólica, a su colocación fuera del nosotros, desde la maldad del racismo.

Estos gestos no son anecdóticos. Son rituales celebrativos. Momentos en los que un grupo se reconoce a sí mismo y delimita sus fronteras. El estadio, el parlamento, incluso las redes sociales funcionan como escenarios donde se ensaya una misma operación: decidir quién pertenece y quién no. Quién es el chivo expiatorio y quién no.

Los aplausos en el Parlamento Europeo, como los cánticos racistas en el fondo sur de un estadio, no hablan solo de quienes los protagonizan. Hablan de un clima. De una normalización del odio. De una idea que se desliza sin resistencia: que hay vidas que valen menos, que hay cuerpos más sospechosos, que hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas.

Como diría Rosa Luxemburgo: "la libertad es siempre la libertad de quienes piensan diferente". No es una frase abstracta, es un límite político. Porque cuando la celebración colectiva se construye sobre la humillación o la exclusión del otro, ese límite ya se ha cruzado.

El recién aprobado Reglamento de Retorno se basa en esa exclusión. Se presenta como una herramienta técnica, como una mejora de la eficacia administrativa, como un ajuste necesario. Pero basta conocer su terrible contenido para entender que es parte de una arquitectura política orientada a hacer de la expulsión el eje central de la gestión migratoria.

Mientras la UE debería estar preparando un plan humanitario para afrontar uno de los potencialmente mayores desplazamientos de las últimas décadas, provocado por la guerra ilegal en Irán y Oriente Próximo, el Partido Popular y las ultraderechas europeas han pactado para seguir construyendo una maquinaria de deportaciones masivas en la que pretenden convertir Europa.

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Bajo el paradigma que representa este Reglamento, la migración no se entiende sólo como desplazamiento, sino como un campo de poder donde la UE decide quién puede circular libremente y quién queda atrapado en regímenes de control.

Su objetivo es acelerar y aumentar las deportaciones, considerando la migración como una cuestión de seguridad.  Esto supone la construcción de una frontera no solo geográfica, sino moral y política donde las personas migrantes son consideradas sujetos administrables, detenibles y expulsables y no sujetos de derechos.

No se trata sólo de deportar a quien las derechas consideran que no tiene derecho a venir buscando un lugar seguro o una oportunidad para mejorar su vida. Se trata de acelerar ese proceso, de minimizar los obstáculos, de convertir la expulsión en una práctica fácil y automática. Eso implica ampliar la detención, debilitar las garantías, perseguir a las personas migrantes hasta mandarlas lo más lejos posible, aceptando la posibilidad de enviarlas a países con los que no tienen ningún vínculo.

Esta norma convierte a Europa en un sistema que produce activamente vidas deportables.

Se trata de una estrategia que construye bajo un supuesto marco ‘legal’, que no moral,  la figura del sujeto expulsable. Una persona cuya vida está atravesada por la posibilidad constante de ser perseguida, detenida, criminalizada, estigmatizada y  expulsada. Es alguien a quien se le condena a vivir bajo esa amenaza como condición estructural.

Como reconocía Foucault el poder no se limita a prohibir, sino que organiza, clasifica, distribuye. Decide quién puede circular libremente y quién debe ser vigilado. Quién pertenece y tiene todos los derechos y quién se queda en una especie de limbo jurídico excluido de los derechos fundamentales. En ese sentido, el reglamento asienta una forma de poder para unos y una subforma de vida para otros, los parias de la tierra.

Los llamados ‘return hubs’ aprobados en el Reglamento, son la expresión más nítida de esa terrible lógica. Centros situados fuera del territorio de la Unión, a donde se puede trasladar a personas mientras se decide su destino.

En definitiva ‘no lugares’ donde la responsabilidad se diluye y las garantías se debilitan. Son los llamados Guantánamos europeos que tienen el objetivo de desplazar el problema fuera del campo visible del derecho, para que Europa no tenga que mirar de frente las consecuencias de sus políticas.

El modelo ya existe: Meloni lo ha ensayado en Albania y ahora se pretende generalizar.

Al mismo tiempo, el Reglamento erosiona elementos básicos del derecho a la defensa. Menos tiempo para recurrir, menos acceso a asistencia jurídica, recursos que ya no suspenden automáticamente la expulsión, de modo que el derecho y la justicia en esos ‘no lugares’ dejan de ser una garantía efectiva.

Las advertencias han sido claras.

Expertos de Naciones Unidas han señalado el riesgo de vulnerar el principio de no devolución, uno de los pilares fundamentales del Derecho de Asilo, de la Convención de Ginebra y por tanto, del Derecho Internacional, advirtiendo que prioriza respuestas coercitivas y externaliza el control migratorio fuera del marco de derechos. El Consejo de Europa también ha alertado sobre posibles detenciones arbitrarias, devoluciones ilegales y déficits en las garantías procesales por ausencia de recursos efectivos.

Pero el Partido Popular Europeo y los tres grupos de la ultraderecha que conforman el Parlamento han ignorado las advertencias, llevando a votación el Reglamento con toda celeridad, priorizando la necesidad de aplicarla con la mayor rapidez posible. Su intención era clara. No les interesaba reforzar garantías, sino diseñar cómo sortearlas.

Si se analizan los contenidos del documento, lo que aparece es evidente: Europa está dando los pasos para sentar las bases de un ICE europeo, donde se persigue por el color de piel o el acento. El riesgo de perfilado racial y detenciones masivas deja claro que se trata de un sistema de vigilancia sobre determinados cuerpos.

Un sistema que convierte al ICE en una especie de Gestapo de Trump, desplegada en Estados Unidos para perseguir, detener y aterrorizar a las personas migrantes y solicitantes de asilo.

En este contexto, la detención adquiere un nuevo significado. Ya no es una medida excepcional ligada a un delito. Se convierte en una herramienta donde personas que no han cometido ningún delito pueden ser privadas de libertad durante largos periodos simplemente por su situación documental. La frontera entre derecho penal y gestión migratoria se difumina.

Que este Reglamento alcance también a menores no es secundario, es todo un síntoma. Cuando una sociedad acepta que niños puedan ser detenidos en función de su estatus migratorio, algo falla en su horizonte moral.

Europa ya ha conocido antes este tipo de barbaries. Tras la Guerra Civil española, miles de republicanos que se vieron obligados a huir del franquismo fueron internadas en campos en Francia. No eran campos de exterminio, pero sí espacios donde el derecho se suspendía en nombre de la gestión. Lugares donde determinadas vidas quedaban fuera de la protección efectiva, y ahora estamos repitiendo lo mismo desde un marco más sofisticado.

Estamos ante un "apartheid migratorio" en un sistema que distribuye derechos de manera desigual en función del origen, en un marco neocolonial donde la movilidad global depende de quien seas.

La Europa que durante décadas se definió como un espacio de derechos se ha transformado en un espacio sin garantías engañándonos con el lenguaje. Se habla de eficacia donde antes hablaba de garantías; se habla de flexibilidad donde antes se hablaba de derecho internacional, se habla de competitividad donde antes se hablaba de derechos de los trabajadores y se habla de seguridad donde antes se hablaba de acogida.

Gramsci definió que la crisis es ese momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese intervalo aparecen fenómenos inquietantes y el Reglamento de Retorno es uno de ellos porque muestra con claridad hacia dónde se está moviendo el equilibrio del mundo.

Tal vez por eso, aquellos aplausos y aquellas celebraciones resultaron tan preocupantes, porque es una muestra de lo que se celebra mientras la humanidad se hunde.

El Reglamento de Retorno no solo transforma la política migratoria. Transforma el imaginario europeo simbolizando la deriva de una Europa que externaliza la violencia, normaliza la detención y abandona el lenguaje de los derechos humanos para abrazar definitivamente el del odio y la crueldad.

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