Desde hace unos años resulta curioso comprobar cómo, en nuestro país, cada vez que se aprueba una norma transformadora que mejora los derechos de las mayorías sociales, se invoca casi al unísono y casi siempre por parte de los mismos el tema de la seguridad jurídica. Casi siempre se hace en el mismo sentido: se señala como límite, como riesgo, como elemento de protección para garantizar la rentabilidad del negocio de turno, en este caso de quienes tienen viviendas y perciben rentabilidades por ello, en vez de invocarla para garantizar la estabilidad, el bienestar, en definitiva, la seguridad de quienes necesitan un hogar.

Y es ahí donde comienza la trampa, mientras nuestro país bate récords en inversión inmobiliaria, porque desgraciadamente sigue resultando muy rentable y atractivo especular, las tertulias, tribunas y redes sociales se inundan de testimonios que tratan de convertirse en sentido común mayoritario, asegurando que poner unas reglas razonables orientadas a que los trabajadores, los mayores, los jóvenes y, en definitiva, a que la población pueda vivir de alquiler provoca inseguridad jurídica y lo que es peor, reduce la oferta de tal modo que acaba perjudicando a los supuestos beneficiarios. Una falacia de primer orden que se desmonta bien si acudimos al derecho laboral y comprobamos que en ese campo ya nadie se traga eso de que mejorar el convenio colectivo acaba perjudicando a los trabajadores o subir el SMI destruye empleo.

Viendo cómo está el patio, resulta evidente para cualquiera, que no se dedique "al inmobiliario" claro, que no es irracional ni desproporcionado, diseñar y aplicar unas nuevas reglas del juego que efectivamente limiten........

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