Imagen de archivo. / JM LOPEZ / LEV

El ancestral problema de acceso a la vivienda en España se ha visto exacerbado drásticamente tras la crisis de 2008 acrecentándose, aún más, tras el desproporcionado crecimiento actual de los precios con relación a la limitada capacidad de compra/alquiler que dispone la gran mayoría de ciudadanos.

El problema se delimita en la imposibilidad de satisfacer el acceso al uso de una vivienda digna (artículo 47 CE/78) por parte de la inmensa mayoría trabajadora española (3/4 de los asalariados, más de 15 millones) cuyos ingresos netos mensuales no superan el duplo del Salario Mínimo Interprofesional, SMI (2.400 €/mes aprox.).

Obviamente, este elevadísimo contingente ciudadano no puede destinar más de 300-700 €/mes (30 % de sus ingresos) al acceso a la vivienda y si consideramos que el alquiler medio en España se encuentra en el entorno de los 1.200 €/mes, se desvela en toda su crudeza el gravísimo problema social existente ante la imposibilidad de que el mercado inmobiliario, motu propio, pueda resolverlo.

Como alternativa 'presuntamente paliativa' se viene aplicando la ejecución de viviendas en la modalidad denominada 'colaboración público-privada' consistente en la aportación gratuita por la Administración del suelo edificable para ser construido por un empresario privado seleccionado en pública competencia, quien tras su edificación, se encargará de su explotación arrendataria durante........

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