Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (LORE), el conocimiento sobre su aplicación práctica se ha ido consolidando de forma progresiva. Como sucede con toda norma que incorpora un nuevo derecho y un procedimiento de elevada complejidad ética, jurídica y asistencial, su implantación ha requerido un importante esfuerzo de adaptación por parte de las instituciones y de los profesionales que la hacen posible.

Este recorrido ha sido posible gracias al compromiso de la Administración sanitaria, de los equipos técnicos, de los profesionales asistenciales y de quienes impulsaron la puesta en marcha de la Comisión de Garantía y Evaluación de Canarias desde sus inicios. A todos ellos deseo trasladar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento por una labor desarrollada con sensibilidad, responsabilidad y un profundo compromiso con las personas en el final de la vida.

Tras cinco años de vigencia de la Ley, la prestación de ayuda para morir ha alcanzado un grado creciente de madurez organizativa en nuestra Comunidad Autónoma. En este proceso ha desempeñado un papel esencial la Comisión de Garantía y Evaluación de Canarias, integrada por profesionales profundamente comprometidos con las funciones que la LORE le atribuye, quienes compatibilizan esta responsabilidad con una elevada carga asistencial en sus respectivos ámbitos de trabajo.

La Comisión ha conseguido consolidar una dinámica de trabajo basada en la deliberación, el rigor técnico, la independencia y la disponibilidad permanente para asesorar y apoyar a los profesionales que intervienen en los procedimientos previstos por la Ley. Este esfuerzo colectivo ha permitido construir un modelo de colaboración que fortalece la seguridad jurídica del procedimiento y sitúa en el centro a la persona solicitante.

La implantación de un procedimiento novedoso, unido a la necesidad de armonizar aspectos clínicos, éticos y jurídicos, hace imprescindible mantener espacios permanentes de diálogo, deliberación y aprendizaje compartido. Las diferentes interpretaciones que pueden surgir durante la aplicación de la Ley deben entenderse como una oportunidad para mejorar los procedimientos, reforzar las garantías y........

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