A 47 años del triunfo de la Revolución Sandinista, la batalla mediática internacional intenta convertir la defensa de la soberanía en el «fin de la democracia».

De Sandino al Pueblo Presidente. A las puertas de cumplirse veinte años de la segunda etapa de la Revolución, Nicaragua reivindica un modelo de democracia basado en la soberanía nacional, la participación popular y la construcción colectiva del desarrollo.

Poder para el pueblo: democracia, soberanía y la batalla por el relato

Hasta hace apenas unos días, este iba a ser un artículo conmemorativo. Mi intención era recorrer los 47 años transcurridos desde aquella madrugada del 19 de julio de 1979 en la que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entró victorioso en Managua y puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Quería escribir una crónica sobre la evolución de la Revolución Popular Sandinista (RPS), sobre sus dos grandes etapas de gobierno, sobre los 17 años de resistencia durante el periodo neoliberal y sobre las profundas transformaciones que Nicaragua ha experimentado desde el regreso del sandinismo al poder en 2007.

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos tras la celebración del 47.º aniversario obligan a cambiar el punto de partida.

En cuestión de horas, un fragmento de apenas unos segundos del discurso pronunciado por el Comandante Daniel Ortega dio la vuelta al mundo. La frase «Se acabaron las elecciones» fue reproducida por grandes agencias internacionales, cadenas de televisión, periódicos y miles de cuentas en redes sociales como si constituyera la prueba definitiva de que Nicaragua acababa de anunciar el final de la democracia. El resto del discurso —más de una hora de intervención dedicada a la soberanía nacional, la historia de las intervenciones estadounidenses, el nuevo escenario multipolar, la defensa de Cuba y Venezuela, el papel del pueblo organizado y el rechazo a la injerencia extranjera— desapareció prácticamente del relato mediático.

No se trató únicamente de un problema de edición periodística. Lo ocurrido constituye un ejemplo casi perfecto de la forma en que hoy se libran muchas de las disputas políticas internacionales. Ya no basta con ejercer presión económica, diplomática o militar sobre un país. En la era de la comunicación instantánea, también se disputa el control del significado de las palabras. Un vídeo de diez segundos puede recorrer el planeta antes de que millones de personas tengan oportunidad de escuchar o ver el acto celebración completo. Un titular puede fijar una interpretación que difícilmente será corregida después, incluso cuando aparezcan las transcripciones íntegras o los propios protagonistas expliquen el contexto de sus declaraciones.

La velocidad se ha convertido en una herramienta política. En el ecosistema digital, los algoritmos premian el impacto inmediato por encima del contexto; una frase aislada desplaza al argumento, la emoción sustituye al análisis y una imagen termina imponiéndose a la historia.

Por eso, antes de responder a la pregunta de si Nicaragua sigue siendo o no una democracia, conviene formular otra, mucho más profunda y probablemente más incómoda.

¿Qué entendemos realmente por democracia?

Porque el verdadero debate abierto tras el 19 de julio quizá no sea si Nicaragua celebrará elecciones. La cuestión de fondo es otra: ¿puede reducirse la democracia al acto de depositar una papeleta en una urna cada cierto número de años, o también debe medirse por la capacidad efectiva de un pueblo para decidir soberanamente su propio destino y garantizar derechos fundamentales a la mayoría de su población?

Esa pregunta ha acompañado la historia contemporánea de Nicaragua desde mucho antes del triunfo revolucionario de 1979.

Cuando Sandino organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional para enfrentarse a la ocupación militar estadounidense entre 1927 y 1933, no estaba luchando únicamente contra una presencia extranjera. Estaba defendiendo una idea de país. Para el general, la independencia política carecía de sentido si las grandes decisiones nacionales seguían tomándose fuera de Nicaragua. Su lucha no fue solamente militar; fue también una defensa de la soberanía popular frente a cualquier forma de tutela externa. Aquel pensamiento, convertido con el tiempo en uno de los pilares ideológicos del FSLN, sigue presente casi un siglo después en buena parte del discurso político nicaragüense.

La historia posterior parece darle continuidad a esa misma tensión. Tras el asesinato de Sandino en 1934 se consolidó la dictadura de la familia Somoza, sostenida durante décadas por el respaldo político, económico y militar de EEUU. Durante más de 40 años, Nicaragua conoció elecciones, constituciones y parlamentos, pero el poder real permanecía concentrado en una de las dictaduras más longevas del continente. Aquella experiencia dejó una huella profunda en la memoria colectiva del país: podía haber urnas sin democracia, del mismo modo que podían existir instituciones formales incapaces de representar realmente la voluntad popular.

Esa memoria explica por qué el sandinismo ha insistido históricamente en una idea que para muchos observadores occidentales resulta poco habitual: la democracia no termina cuando se cierran las urnas; comienza precisamente al día siguiente.

Desde esa perspectiva nace uno de los conceptos políticos más repetidos por el Gobierno nicaragüense durante los últimos años: el Pueblo Presidente. No se trata únicamente de un lema propagandístico, sino de la formulación de una determinada manera de entender el ejercicio del poder y la democracia. Según esta concepción, la participación ciudadana no se limita al voto periódico ni la soberanía popular concluye cuando se cierran las urnas. Al contrario, ambas se proyectan de forma permanente a través de los barrios, las comunidades, las cooperativas, los gabinetes locales, las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de productores, así como en los distintos espacios de organización popular que intervienen en la vida cotidiana del país. Se trata, en definitiva, de una ciudadanía organizada que participa activamente en la construcción cotidiana de la nación, expresando esa soberanía en la planificación y desarrollo de escuelas, hospitales, cooperativas, carreteras, sistemas de agua potable, redes eléctricas, universidades y programas sociales.

Puede compartirse o discutirse, pero difícilmente comprenderse sin tener presente esa diferencia de concepción democrática. Como ha señalado el periodista y analista nicaragüense William Grisby, en sus reflexiones posteriores al acto conmemorativo, la controversia no enfrenta únicamente posiciones políticas distintas; enfrenta dos definiciones diferentes de democracia. Desde esa perspectiva, el sufragio constituye el punto de partida, no el punto final, del ejercicio democrático.

De Sandino al Pueblo Presidente: una historia de soberanía y democracia

La RPS no nació únicamente para sustituir un gobierno por otro. Nació con la pretensión de transformar la estructura misma del Estado nicaragüense y de devolver al pueblo un protagonismo político, económico y social que durante décadas había permanecido secuestrado por una dictadura familiar sostenida desde el exterior.

El triunfo del 19 de julio de 1979 encontró un país devastado por la guerra insurreccional, con elevados índices de analfabetismo, una enorme concentración de la tierra, un sistema sanitario incapaz de atender a la mayoría de la población y profundas desigualdades entre el campo y la ciudad. La prioridad del nuevo Gobierno fue construir un Estado donde los derechos dejarían de ser privilegios.

Apenas un año después, más de 95.000 jóvenes voluntarios participaron en la histórica Cruzada Nacional de Alfabetización, desplazándose a las zonas más remotas del país para enseñar a leer y escribir. En apenas cinco meses, el analfabetismo se redujo de alrededor del 50 % a poco más del 12 %, un esfuerzo reconocido por la UNESCO como una de las campañas educativas más importantes del siglo XX. Aquella movilización no sólo enseñó a leer a centenares de miles de personas; simbolizó una forma de entender la democracia donde la participación popular se convertía en protagonista de las transformaciones nacionales.

Junto a la alfabetización llegaron la reforma agraria, la ampliación de la sanidad pública, las campañas masivas de vacunación y las primeras elecciones celebradas en 1984, en las que el Frente Sandinista obtuvo una amplia victoria con la participación de observadores internacionales. Sin embargo, el nuevo proyecto apenas tuvo margen para desarrollarse en condiciones de normalidad.

La administración de Ronald Reagan decidió convertir a Nicaragua en uno de los principales escenarios de la Guerra Fría en América Latina. La financiación, entrenamiento y armamento de la llamada Contra, el minado de puertos, el embargo económico y las operaciones encubiertas provocaron un conflicto que dejó decenas de miles de muertos, enormes pérdidas materiales y obligó al país a destinar buena parte de sus escasos recursos a la defensa nacional en lugar de al desarrollo.

En 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya condenó a EEUU por el uso ilegal de la fuerza contra Nicaragua y por violar el derecho internacional. Washington rechazó la sentencia y nunca cumplió la indemnización impuesta por el tribunal, estimada posteriormente por Nicaragua en alrededor de 17.000 millones de dólares por los daños humanos, económicos y materiales sufridos. Aquella resolución continúa siendo uno de los precedentes jurídicos más importantes del derecho internacional contemporáneo y sigue ocupando un lugar central en la memoria........

© Kaos en la red