Lo ocurrido con las viviendas de protección oficial en Alicante ya no admite rodeos. Tiene un responsable político claro: el Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento y gestiona el área de Urbanismo. No es “el sistema”. No es “la burocracia”. No es una herencia mal resuelta. Es una forma de entender lo público.

Cuando una promoción entera de vivienda protegida acaba beneficiando a cargos municipales, técnicos del propio Ayuntamiento y familiares de altos responsables políticos, no estamos ante una casualidad administrativa, sino ante una cultura política: la del “si se puede colar uno de los nuestros, se cuela”.

Resulta especialmente obsceno porque el mismo partido que predica el mercado libre y el esfuerzo individual suspende esas reglas cuando se trata de vivienda pública. Ahí no hay libre competencia: hay reparto interno. Las VPO, creadas para quienes no pueden competir en el mercado inmobiliario, para quienes no heredan, para quienes no tienen padrino ni despacho, han terminado funcionando como inversión barata en zona cara, como oportunidad para insiders, como privilegio disfrazado de política social.

Todo ello bajo un gobierno municipal que ahora finge sorpresa, como si las adjudicaciones se hicieran........

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