Más de 24.500 desahucios anuales, 3,5 puntos de poder adquisitivo perdidos, gasto militar récord y 1,38 millones de sanciones con la Ley Mordaza intacta: repaso a los ocho años de medidas antiproletarias.

La legislatura del Gobierno presidido por Pedro Sánchez que concluye con el adelanto electoral del 29 de noviembre de 2026 deja un balance de medidas perjudiciales para la clase trabajadora que han sido presentadas como “progresistas” por el Ejecutivo y sus aliados. Así lo indica una extensa hemeroteca de informes, críticas de entidades sociales, medios alternativos y organizaciones políticas situadas a su izquierda.

“La legislatura de la vivienda”: ¿Para quién?

La vivienda se ha consolidado como la primera preocupación social y el detonante de la crisis política final, como ya advertían incluso algunos exasesores del propio Sánchez: el precio medio del alquiler alcanzó los 1.184 euros mensuales a finales de 2025, con una subida interanual del 5,9% tras el 11,3% de 2024; en grandes ciudades se destina hasta el 40% de los ingresos netos al alquiler. Los desahucios se mantienen en decenas de miles anuales, y entre el 74% y el 75% son por impago de alquiler, según ATTAC y los movimientos de vivienda.

La moratoria de desahucios no paralizó entre siete y ocho de cada diez desahucios que podía evitar: en la última década se ejecutaron 425.262 desahucios en el Estado, 116,6 al día, y con la moratoria en vigor fueron 187.794, 85,8 diarios. Solo las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca pagaron 1,7 millones de euros de dinero público a rentistas en compensación por la moratoria. Los Mossos d’Esquadra destinaron en cinco meses 713 dotaciones de antidisturbios para proteger 1.361 lanzamientos en Catalunya, con 14 detenidos y 338 denuncias administrativas a militantes del movimiento de vivienda; es decir, un millón de euros solo en sueldos de antidisturbios para desahucios en cinco meses. El coste estimado de un solo operativo policial de desalojo (5.257 euros en salarios) equivale a casi un año de alquiler social para una familia. Es decir, la Generalitat gobernada por el PSC invierte más en desahuciar que en evitar que la gente se quede en la calle. El caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, desahuciada en Madrid en septiembre de 2026, ha sido la guinda del pastel que ha detonado las acampadas en curso en la Puerta del Sol y las manifestaciones masivas que han sacudido el país.

El “decreto-trampa” que presentó el Gobierno tras el estallido social por el desahucio de Maricarmen en el Congreso fue rechazado el pasado 2 de octubre. Este decreto incluía un “paraíso fiscal para rentistas”: hasta un 100% de reducción en el IRPF para los caseros que bajaran mínimamente el alquiler, frente a un 10% para los inquilinos. Según datos de Gestha, solo 121.573 inquilinos se beneficiaban de la deducción residual por alquiler (un alivio medio de 212 euros), mientras más de dos millones de rentistas disfrutaban de un regalo fiscal medio superior a 3.000 euros. De cada 100 euros que cobran los rentistas por alquiler, apenas 24 llegan a Hacienda, mientras un asalariado con 30.000 euros brutos paga 4.926 euros de IRPF. Un rentista con 100.000 euros de alquiler paga 5.434 euros de IRPF sin trabajar; un asalariado con el mismo sueldo, 32.119. Las deducciones fiscales a los rentistas restaban cada año más de 1.200 millones de euros a las arcas públicas: el equivalente a ocho hospitales públicos de tamaño medio o al salario de más de 30.000 docentes. La AIReF ya advirtió de que la medida era regresiva: el 1% de los declarantes con mayores rentas concentraba el 15% del beneficio, mientras que el 50% con menores rentas apenas percibía el 5%.

Además, el decreto tampoco prohibía a los fondos buitre: solo limitaba temporalmente (hasta el 31 de diciembre de 2028) las compras por debajo del 70% del precio de tasación, sin fijar quién debía tasar. En la práctica, quien compraba podía encargar una tasación a la baja y sortear el umbral. Poco antes, el Congreso rechazó por segunda vez la proposición para prohibir la compra de viviendas a empresas y fondos, con el voto en contra de PP, Vox, UPN y Junts y la abstención del PSOE, PNV y Coalición Canaria. Mientras tanto, BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, sitúa al mercado español como “su principal apuesta de inversión a nivel global”, con una previsión de rentabilidad superior al 10%, y ya administrando unos 104.000 millones de euros en el Estado. Solo entre enero y junio de 2026, los extranjeros no residentes han acaparado 22.610 viviendas, con el beneplácito del Gobierno.

Todo esto se construye sobre una asimetría democrática flagrante. Los inquilinos representan el 20,8% de la población (unos 9 millones de personas), mientras los rentistas son el 4,9% (unos 2,2 millones). Esto quiere decir que hay cuatro veces más inquilinos que caseros. Sin embargo, los rentistas cuentan con lobbies como Asval, carteras ministeriales (altos cargos de vivienda del PSOE, como Helena Beunza, exsecretaria general de Vivienda, han pasado a liderar Asval) y una sobrerrepresentación parlamentaria que bloquea los límites de precios. En el Congreso, el 85% de los diputados son propietarios de al menos una vivienda, frente al 73% de la población, y el 20% tienen tres o más. El mito del “pequeño casero” es utilizado recurrentemente por la derecha y el PSOE para oponerse a regulaciones más fuertes, a pesar de que los datos muestran que los multiarrendadores particulares con dos o más viviendas, las personas jurídicas y la vivienda pública suman en torno al 61% de las viviendas alquiladas. Las encuestas muestran un amplio respaldo social a los límites de precios, incluso entre votantes del PP y Vox, pero la traducción legislativa es muy limitada. La moratoria de desahucios, presentada como “escudo social”, solo se aplicó en uno de cada cuatro casos en los que era posible, según el Observatori DESCA.

Retroceso en el salario real

En el plano económico, la legislatura registró récords de afiliación y un paro en torno al 9-10%, con el SMI acumulando una subida nominal del 60-66% desde 2018 y la reforma laboral reduciendo la temporalidad. Sin embargo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha sufrido una pérdida histórica acumulada considerable: los salarios pactados crecieron un 17,8% entre 2020 y 2025, frente a unos precios que subieron en torno al 22%, lo que supone una pérdida neta de 3,5-4 puntos del salario real. El salario mediano y modal, por su parte, se concentra cerca del SMI, y los estratos medios siguen disolviéndose. Uno de cada seis hogares con hijos y empleo percibe salarios de miseria, según Save the Children, situando al Estado español como “subcampeón” en pobreza infantil en la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria y superando incluso a Rumanía. España ha batido también récords en pluriempleo, con 651.200 personas con dos trabajos. La alimentación se encareció un 34% en períodos recientes. La productividad permanece estancada, con los salarios también estancados y el PIB por ocupado similar o inferior a 2018 en algunos cálculos.

Pensiones: suma cero por abajo

La revalorización de las pensiones con el IPC (Ley 21/2021) se ha presentado como uno de los principales logros del Gobierno: un 8,5% en 2023, un 3,8% en 2024, un 2,8% en 2025 y un 2,7% en 2026, con subidas mayores para las mínimas y no contributivas. La pensión media del sistema se sitúa en 1.374,6 euros mensuales (septiembre de 2026) y la de jubilación en 1.576,1 euros, con una nómina mensual récord de unos 14.500 millones de euros y un gasto acumulado de más de 138.000 millones en los primeros nueve meses de 2026. El gasto se sitúa en torno al 13% del PIB, con proyecciones de subida hacia el 14% o más. Sin embargo, el problema no es solo el gasto, sino cómo se financia. En lugar de ampliar la base de financiación hacia beneficios empresariales, dividendos, plusvalías, grandes patrimonios o rentas del capital, el Ejecutivo ha priorizado el incremento de cotizaciones sociales sobre la masa salarial. Estas medidas generan miles de millones de ingresos adicionales (solo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional aporta varios miles de millones anuales), pero recaen directamente sobre todo en la renta disponible de los trabajadores activos. Aún así, uno de cada dos pensionistas cobra menos de 1.000 euros al mes y el 57% no alcanza el salario mínimo.

Además, el Gobierno también ha aplicado numerosas medidas regresivas en el sistema de pensiones: subió la edad de jubilación a 66 años y 10 meses e impulsa fórmulas como la “jubilación activa” para que los pensionistas vuelvan a trabajar. En consecuencia, las jubilaciones demoradas han incrementado un 109% en tres años, y se estima que más de un 30% alcance los 68 años antes de retirarse en un futuro cercano.

Récord histórico en gasto militar

El gasto militar ha marcado un récord histórico, consolidando al Gobierno de PSOE-Sumar como “el Gobierno más militarista de la historia”, si se atiende a los presupuestos militares y la ayuda bélica prestada a Ucrania: ha multiplicado por 6,5 el gasto militar, alcanzando los 4.750 millones de euros en 2025, un aumento del 550% respecto al periodo 2013-2024, con un 43% del presupuesto concentrado en 15 empresas, seǵun un estudio de BBVA. Entre el último martes de agosto y el primer martes de septiembre de 2026, Moncloa aprobó más de 6.800 millones más de gasto militar, medidas que adopta sin pasar por el Congreso y modificando sustancialmente los Presupuestos Generales del Estado. En diciembre de 2025, Sánchez ya llevaba 60.000 millones de euros reconducidos al rearme por “decretazo”.

Con estos métodos de cuestionable naturaleza democrática, el Estado español alcanzó el 2% del PIB en gasto militar en 2025, adelantándose al compromiso de 2029, con 33.123 millones de euros según la OTAN y el Gobierno, y 34.265 millones (2,1% del PIB) según el SIPRI. El Centre Delàs eleva el gasto real a 39.000-40.000 millones de euros (≈2,5% del PIB) al incluir partidas dispersas como I D, Guardia Civil, intereses de deuda y misiones. Desde 2018, el crecimiento supera el 140%. La presión de Donald Trump y la OTAN para elevarlo al 3,5-5% no se ha cumplido de momento, cumpliendo con el 2% establecido previamente y con compromisos de aumentarlo hasta la nueva meta de gasto del 5% del PIB que establece la Alianza.

Gestos por Palestina, relaciones con Israel intactas bajo la mesa

En relaciones con Israel, el Gobierno español reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 junto a Irlanda y Noruega, reconoció el genocidio contra el pueblo palestino, e impuso un embargo de armas formal y sanciones formales. Sin embargo, numerosos movimientos sociales e informes del Centre Delàs y la campaña Fin al comercio de armas con Israel, RESCOP) han documentado que se trata de pura fachada: gestos simbólicos y retórica fuerte frente a la continuidad e incluso el reforzamiento de lazos comerciales, tecnológicos, universitarios y logísticos con el aparato militar y colonial israelí. Desde el 7 de octubre de 2023 , el Gobierno de Sánchez adjudicó al menos 46 contratos a la industria militar israelí (o filiales y UTEs con participación israelí) por un precio superior a 1.044 millones de euros. Diez de ellos, por unos 817 millones, aún no formalizados, podían haberse anulado, pero Moncloa optó por no hacerlo. En marzo de 2026, el Centre Delàs actualizó que los contratos en vigor sumaban 1.208 millones de euros, incluyendo misiles Spike LR2 (287 millones), el sistema lanzacohetes SILAM (697 millones) y el acuerdo marco POD Designador (207 millones). El Real Decreto-ley 10/2025 (septiembre de 2025), presentado como respuesta a la presión popular, no anuló ninguna adjudicación posterior al 7 de octubre. El Ministerio de Defensa anuló anuncios de formalización de 35 contratos , pero no los contratos en sí. De hecho, se aprobaron excepciones que permiten integrar componentes israelíes en aeronaves (A400M, A330MRTT, C295, dron SIRTAP ). Al menos 134 operaciones de compraventa de armas (exportaciones,........

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