La crisis desatada por el secuestro y la masacre en Trujillo no solo revela la ferocidad del crimen organizado: desnuda crudamente el nivel de descomposición institucional del Estado. Lo ocurrido esa noche —cuando un ministro ajeno al sector policial temerariamente interroga detenidos, un general de la PNP observaba en silencio, nuestra presidenta difundió información falsa y un fiscal superior desmentía públicamente al Poder Ejecutivo— constituye la radiografía perfecta de un país donde la autoridad se ejerce sin reglas, sin jerarquías ni respeto por la ley. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de Fiscalías contra el Crimen Organizado, fue categórico: ¡ninguno de los detenidos ha confesado! No hay entonces declaración formal, no existe documento válido ni existe diligencia fiscal. ¿Por qué? ¡Porque eso que hubo no fue un interrogatorio, sino una escena grotesca: el ministro de Energía........

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