Esta semana, el primer ministro Luis Galarreta Velarde se presentó ante la Cámara de Diputados para exponer la Política General de Gobierno 2026‑2031. Lo hizo con un discurso que, en apariencia, buscaba transmitir orden, urgencia y una voluntad de ejecución inmediata. “Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, afirmó, en una frase que sintetiza el diagnóstico central del nuevo gabinete. Y añadió otra línea que, por su contundencia, se ha convertido en el emblema de esta primera etapa: “El Estado sí llega a tiempo para complicarle la vida al ciudadano”. Ambas frases, tomadas del documento oficial, revelan la narrativa que el Gobierno ha decidido adoptar: un Estado que ha fallado, una ciudadanía que exige respuestas y un Ejecutivo que promete actuar con firmeza.

Sin embargo, más allá del tono y de la urgencia, el discurso de Galarreta dejó un vacío evidente: la ausencia de definiciones concretas sobre las reformas estructurales que el país necesita y que la presidenta Keiko Fujimori había insinuado en su mensaje del 28 de julio. El primer ministro se concentró en dos frentes: la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad ante el Fenómeno El Niño y un eventual sismo de gran magnitud.

Ambos temas, sin duda prioritarios, ocupan buena parte del documento. Pero los otros ejes —desarrollo integral de las personas, productividad, informalidad, sostenibilidad fiscal, reforma tributaria, pensiones, salud y reestructuración del Estado— quedaron relegados a un segundo plano, mencionados apenas como ámbitos que serán abordados por comisiones presidenciales en los próximos meses.

La omisión no es casual. Tampoco es menor. En un país que lleva más de una década atrapado en un estancamiento económico, con crónicos déficits fiscales, con un Estado que no logra ejecutar ni prevenir, con un mercado laboral fracturado y con sistemas de salud y pensiones que ya no resisten más parches, la ausencia de un plan explícito de reformas estructurales no solo sorprende: preocupa. Y preocupa porque el tiempo político del Gobierno es corto, porque el presupuesto 2027 debe estructurarse en los próximos meses y porque las comisiones presidenciales, por más buenas intenciones que tengan, corren el riesgo de convertirse en espacios de dilación, debate interminable y resultados inciertos.

Esta entrega busca precisamente lo que el discurso del primer ministro evitó: presentar con claridad, detalle y sentido de urgencia las reformas impostergables que el país necesita implementar de inmediato. Reformas que no pueden esperar a comisiones, ni a consensos que nunca llegan, ni a negociaciones que se dilatan en un Congreso fragmentado. Reformas que deben ejecutarse en paralelo, con decisión política y con instrumentos legales que ya existen, como los Decretos de Urgencia, cuya aprobación ex post por el Senado permitiría avanzar incluso en un escenario de hostilidad en la Cámara de Diputados.

La discusión sobre las facultades legislativas ha sido un síntoma de esta tensión. El Gobierno ha evitado incluir en su pedido las reformas estructurales, temeroso de que la Cámara de Diputados —abiertamente confrontacional en sus primeras semanas— las rechace. Pero constitucionalistas y comentaristas han recordado en los últimos días que los Decretos de Urgencia (DU) permiten implementar medidas de alcance nacional sin necesidad de aprobación previa del Congreso. La Constitución es clara: los DU pueden emitirse en materia económica y financiera cuando el interés nacional lo exige. Y hoy, más que nunca, lo exige.

En este contexto, la pregunta central es inevitable: ¿por qué el Gobierno no anuncia las reformas estructurales? ¿Por qué delega su diseño a comisiones presidenciales? ¿Por qué evita definir el contenido de los cambios que, según su propio diagnóstico, son........

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