El anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, de incrementar en S/18,000 millones el gasto previsto para 2027 constituye probablemente la decisión fiscal más importante adoptada por el nuevo Gobierno desde que asumió funciones. La medida pretende responder simultáneamente a tres amenazas inmediatas: los daños asociados al fenómeno El Niño, el incremento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles, y el mantenimiento de tasas de interés internacionales elevadas. El Gobierno ha planteado elevar la meta de déficit fiscal de 1.4% a 2.4% del PBI en 2027 para mitigar el efecto recesivo de las tres amenazas.

Las circunstancias extraordinarias requieren respuestas extraordinarias. Sería equivocado negar la necesidad de proteger a las familias que pierdan cultivos, viviendas o ingresos debido a El Niño. También sería difícil cuestionar que el Estado debe actuar frente a una inseguridad ciudadana que afecta directamente la inversión, el empleo y la vida cotidiana de millones de peruanos.

El problema no está, por tanto, en intervenir. El problema es que el Perú vuelve a responder a una nueva emergencia aproximadamente de la misma manera en que ha respondido a las anteriores: aumentado los subsidios, aumentando el gasto, ampliando el presupuesto, flexibilizando las reglas fiscales y confiando en que el crecimiento futuro permita absorber el deterioro fiscal presente.

La política Contracíclica – la historia se repite

Esta película ya la hemos visto. La vimos en sucesivos episodios de emergencia climática, en los programas de estímulo que precedieron y siguieron al fenómeno El Niño Costero, en los programas de reactivación posteriores, durante la pandemia del COVID-19 y nuevamente en 2023, cuando el propio MEF destacó que los programas Con Punche I, Con Punche Emergencia y Con Punche II movilizaron alrededor de S/17.000 millones para impulsar la actividad y atender las emergencias climáticas.

Las intervenciones cambian de nombre, cambian los ministros y cambian los gobiernos. Pero el principio subyacente permanece: cuando la economía enfrenta una perturbación negativa, el Estado gasta más. Eso es perfectamente compatible con una política fiscal contracíclica. El verdadero problema es que la otra mitad de la política contracíclica casi nunca aparece con igual intensidad. Se nos dice que esta vez será diferente, pero sabemos que cuando termina la emergencia, los gastos creados durante la crisis resultan políticamente difíciles de eliminar; cuando aumentan los precios de los minerales y mejora la recaudación, los ingresos extraordinarios encuentran rápidamente nuevos destinos; cuando la economía vuelve a crecer, el aparato estatal raramente retorna al tamaño que tenía antes del choque. Y por eso el anuncio de los S/18.000 millones corre el riesgo de convertirse en una nueva oportunidad perdida.

Una política contracíclica que nunca termina de completar el ciclo

Durante muchos años la gran ventaja macroeconómica del Perú fue precisamente su capacidad para acumular espacio fiscal durante los buenos tiempos. La disciplina fiscal, los elevados precios de los minerales y una economía que llegó a crecer persistentemente a tasas altas permitieron reducir la deuda pública y acumular activos financieros y lograr el grado de inversion. Ese modelo tenía una lógica sencilla: ahorrar durante las épocas favorables para poder gastar cuando llegaran las malas.

El Fondo de Estabilización Fiscal era la expresión institucional más clara de esa filosofía. Antes de la pandemia, el país disponía de aproximadamente US$5.300 millones en este mecanismo de ahorro. En 2020, la extraordinaria magnitud del choque ocasionado por el COVID-19 llevó prácticamente a utilizar esos recursos: hacia septiembre de ese año se informaba que el fondo había pasado de unos US$5.300 millones al inicio de 2020 a alrededor de US$1 millón.

Utilizar el fondo entonces fue enteramente justificable. Para eso había sido creado. El COVID-19 era exactamente el tipo de acontecimiento extraordinario para el cual un país construye amortiguadores financieros. El error no consistió en utilizarlos, sino en no haber conseguido posteriormente reconstruir con suficiente rapidez un colchón equivalente al existente antes de la pandemia.

La consecuencia es que el Perú enfrenta los nuevos choques desde una posición cualitativamente diferente. Cuando existe un fondo fiscal importante, el Estado puede responder a una emergencia desacumulando ahorro. Cuando ese fondo se ha reducido sustancialmente, la respuesta adicional acaba dependiendo en mayor medida de ingresos corrientes, reasignaciones de gasto o endeudamiento.

La deuda tiene un costo

Este costo adquiere todavía mayor relevancia cuando las tasas internacionales son elevadas. El propio Gobierno ha incluido las altas tasas de interés internacionales entre las tres perturbaciones que justifican su nuevo programa fiscal. Aquí aparece una paradoja: uno de los shocks que el Gobierno pretende compensar mediante mayor gasto es precisamente aquel que hace más caro financiar ese mayor gasto.

El fracaso de las políticas contracíclicas

Hay además una cuestión más profunda. Si todas estas expansiones fiscales hubieran conseguido elevar permanentemente la capacidad productiva, modernizar el Estado y devolver al Perú a tasas sostenidas superiores al 6%, el diagnóstico sería diferente. Pero eso no ha ocurrido. Después de más de una década de sucesivos programas de reactivación, créditos suplementarios, destrabes, reconstrucciones, estímulos y modificaciones presupuestarias, el crecimiento peruano permanece muy por debajo de las tasas que alguna vez permitieron reducir aceleradamente la pobreza.

Las políticas contracíclicas que se limitan a expandir el gasto corriente, sin elevar la producción ni la productividad, están condenadas a perder eficacia: ante una oferta que no responde, el impulso fiscal termina traduciéndose principalmente en más inflación o más importaciones.

El Gráfico 1 ilustra este límite. La simulación realizada con nuestro modelo PREDICE muestra el efecto de las medidas anunciadas sobre el crecimiento del PBI real y del PBI potencial durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027. El daño de El Niño sobre la infraestructura provocaría una caída significativa sobre el crecimiento del PBI potencial (línea roja) que las labores de mantenimiento no alcanzarían a revertir.

Al mismo tiempo, la inflación que ya se sitúa en 4.55%........

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