Ofrecer estabilidad contractual (después de un frenético periodo de inestabilidad jurídica en Chile) a cambio de inversión y de una sobretasa no privatiza el poder tributario ni amarra para siempre al Congreso: simplemente obliga al Estado a honrar los contratos válidamente celebrados. La soberanía democrática, conviene recordarlo, no desaparece por cumplir la palabra empeñada; más bien se debilita cuando se la invoca para desconocerla.

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La oposición parece empeñada en obtener en el Tribunal Constitucional (TC) lo que no consigue aprobar en el Congreso Nacional. Por cierto, si la base argumental fuera realmente una colisión entre lo debatido y la Carta Magna, está en su legítimo derecho.

El problema es que la discusión constitucional parece estar siendo usada menos para controlar verdaderas infracciones a la Carta Fundamental y más para reabrir, por la vía del TC, debates políticos ya perdidos o incómodos.

En la discusión del proyecto de licencias médicas, ya se ha esbozado en el Congreso Nacional una pretendida inconstitucionalidad relativa al período de carencia para funcionarios públicos, invocando un principio de no regresión de derechos sociales que la Constitución no consagra (ya veremos si llega al TC); y así ocurre ahora, frente a la invariabilidad tributaria, con una versión creativa y expansiva de soberanía y democracia que tampoco aparece en su texto.

En ambos casos, más que contrastar la ley con la Constitución vigente, pareciera que se la mide contra ideales propios, o contra aquel proyecto constitucional que, conviene recordarlo, fue rechazado amplia y democráticamente.

La oposición indica que el estatuto de invariabilidad........

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