Hace unos días, jueces federales de Estados Unidos pidieron al Congreso retirar al Poder Ejecutivo la administración de los edificios donde trabajan. La solicitud no surgió por una disputa presupuestal ni por desacuerdos políticos sino porque, durante años, diversos tribunales han enfrentado filtraciones, moho, sistemas de aire acondicionado averiados e incluso agua potencialmente contaminada sin que las reparaciones llegaran con la rapidez necesaria. Para los jueces, el problema no es únicamente el deterioro de los inmuebles, es que un poder del Estado dependa de otro incluso para mantener en funcionamiento los espacios donde se imparte justicia.

Parece una discusión sobre mantenimiento, pero realidad es una discusión sobre separación de poderes. Cuando hablamos de independencia judicial solemos concentrarnos en los grandes temas constitucionales: quién nombra a los jueces, cuánto dura su encargo, cómo pueden ser removidos o cuál es el alcance de sus facultades. Si bien son preguntas indispensables, no son las únicas. El caso estadounidense recuerda que existe otra dimensión, mucho menos visible, que rara vez forma parte del debate público: las condiciones materiales que hacen posible impartir justicia.

Un tribunal no funciona únicamente gracias a las normas, también necesita edificios seguros, salas de audiencia, archivos, sistemas informáticos, tecnología y espacios........

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