El gobierno de Estados Unidos formalizó la solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de su círculo cercano, incluyendo al alcalde de Culiacán y a un senador en funciones. Los delitos no son menores ni ambiguos; hablamos de narcotráfico, crimen organizado, conspiración y tráfico de armas.

En medio de ese expediente, entre asesinatos, sobornos, narconóminas y protección institucional, lo que está sobre la mesa es algo todavía más delicado: la captura de una elección mediante la convergencia entre un partido político y una organización criminal, y la posterior utilización del poder público como mecanismo de compensación.

Según la acusación estadounidense, antes de la elección estatal de 2021, Rocha Moya se reunió con los líderes de Los Chapitos, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. Ahí, dice el documento, el cártel ofreció garantizar su triunfo. A cambio, Rocha Moya prometió abrir el gobierno de Sinaloa a funcionarios útiles para el narcotráfico.

Una lista con nombres y domicilios de opositores fue entregada al cártel para intimidarlos y sacarlos de la contienda. Vinieron los secuestros selectivos, amenazas sistemáticas y control territorial. El día de la elección, la violencia escaló. Se registró robo de urnas, presencia de personas armadas en casillas, llamadas de emergencia por intimidación........

© El Universal