Por estos días, un tema central de discusión son los debates presidenciales. La incompresible falta de una obligación legal expresa conduce a que los aspirantes puedan condicionar su realización o incluso rehuirlos por un mero ejercicio de cálculo político. Aun así, debatir en el foro público es un imperativo categórico para cualquier democracia.

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Muchos consideran que los debates son inocuos y que muy pocos electores cambian el voto por su resultado. Hay quienes piensan que no vale la pena organizarlos con todos los candidatos. Existen también aquellos que desconfían de los medios que los organizan porque estos espacios pueden ser manipulados. No sobran los que sostienen que es más lo que se puede perder si el candidato comete un error y que solo resultan útiles para los aspirantes que van abajo en las encuestas.

Pero la esencia de los debates es bien otra. Su importancia descansa en que es uno de los pocos espacios para la deliberación en medio de una campaña electoral. Y la deliberación en sí misma es la práctica que legitima la democracia representativa. Permite que haya un escrutinio de los candidatos por parte del demos, evita que el debate público se reduzca a retóricas unilaterales y blinda la capacidad crítica colectiva ante la amenaza de las reducciones dogmáticas.

Debatir con sentido puede ayudar a inmunizar a la ciudadanía de la hueca retórica. El debate y la deliberación animan la conversación pública, cuyo fin no es otro que lograr acuerdos tendencialmente racionales y compartidos, enderezados a interpretar y resolver de la mejor manera problemas y exigencias de la vida en común. Por lo demás, toda democracia que aspire a no ser un repudiable autoengaño colectivo deberá abrirse a la alteridad y propiciar el más vivo y vibrante juego y confrontación de visiones y propuestas. Por cumplirse y ejecutarse a través del lenguaje y el entendimiento, debatir y deliberar son actividades humanas necesarias para descosificar la vida social y progresivamente articular, a través de la palabra, un horizonte de acuerdo, reconocimiento y dignidad para todos.

La aridez deliberativa es la sepultura de la democracia y necesitamos guardianes de la democracia.

La reticencia al debate no es entonces una estrategia táctica neutral. Por el contrario, es síntoma del desprecio por la razón pública y la pretensión de imponer dogmas unilaterales moldeados a partir de ideologías que no son más que un instrumento para la dominación incontestable de las masas. Más aún, quien se niega o condiciona cualquier tipo de ejercicio deliberativo, como lo son los debates presidenciales, reduce peligrosamente la necesaria simetría informativa, promoviendo así únicamente cajas de resonancia que alimentan los sesgos de confirmación propios del fanatismo.

Sin debates, el voto se convierte en un ejercicio plebiscitario ciego. Un acto de fe incondicional incapaz de reconocer argumentos y posturas diversas. Marchitan la democracia y la calidad de la conversación pública. Es claro que los debates no pueden convertirse en un espectáculo mediático o traducirse en una mera formalidad electoral. Es por eso necesario que se desarrollen con altura, exigiendo que no se tornen en un pueril cuadrilátero para los ataques personales.

El país que llegue a gobernar el próximo presidente está sumido en profundas y estructurales crisis que van a exigir una disposición real al diálogo y la concertación. Los debates serán la primera prueba de dicha capacidad.

Los líderes que huyen del debate público envían una pésima señal. Su mensaje denigra e infantiliza al elector cuando en lugar de abrir el espacio democrático se imponen condiciones odiosas a los debates, se excluyen candidatos y se limita el alcance de la discusión. La aridez deliberativa es la sepultura de la democracia. Necesitamos guardianes de la democracia. No sepultureros.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI

@gabocifuentes

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